Sánchez renegociará el CGPJ tras las elecciones
Los jueces claman contra la reforma que les impide nombrar y les «atrofia»
El Gobierno tiene ya la mirada puesta en el 5 de mayo y cómo el resultado que arrojen las urnas la noche electoral del 4-M va a marcar el rumbo de la legislatura. El continuo clima de inestabilidad política en el que vive sumido el país ha forzado a Moncloa a paralizar de nuevo su agenda.
Primero fueron los Presupuestos Generales del Estado los que obligaron a reducir el tempo; después las elecciones en Cataluña, y cuando se esperaba que todo volviera a funcionar con relativa normalidad, a coger velocidad de crucero, Isabel Díaz Ayuso sorprendió con una convocatoria anticipada de comicios en la Comunidad de Madrid.
Este movimiento condicionó, de facto, el horizonte para alcanzar cualquier pacto o entendimiento a que las urnas madrileñas resuelvan el nuevo mapa que se dibujará también a nivel nacional. En el Gobierno son conscientes de que la victoria de Díaz Ayuso reforzará al PP, en la que será su primera victoria electoral después de encadenar hasta
La salida del gobierno de Pablo Iglesias también podría facilitar un entendimiento entre Génova y Moncloa
seis derrotas seguidas, seis derrotas que Pedro Sánchez le recuerda a Pablo Casado insistentemente y cada vez que tiene oportunidad. En el reforzamiento del líder de la oposición pone sus esperanzas Moncloa, para desencallar uno de los asuntos que más tiempo lleva enconado: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según ha podido saber este diario de fuentes del entorno del presidente del Gobierno, Sánchez volverá a intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, una vez se supere la cita con las urnas. En el Ejecutivo creen que un Casado empoderado podrá asumir y culminar en mejores condiciones ahora una negociación que estaba prácticamente «cerrada» en febrero, sin temor a que el pacto sea utilizado por Vox
para debilitarle. Las conversaciones entre socialistas y populares para el acuerdo judicial han pasado por varias fases, jalonadas por los procesos electorales y en el Gobierno asumen que han sido los «complejos» del PP lo que han impedido hasta el momento rubricar el pacto.
Primero fue Cayetana Álvarez de Toledo quien reveló su inminencia y dio al traste con el mismo en el mes de agosto y, llegadas las elecciones catalanas, los populares pidieron margen a Moncloa para que Vox no lo utilizara en su contra y se esperara hasta después del 14-F. Fue entonces cuando PP y PSOE intensificaron los contactos, pasando del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, al más alto nivel en Moncloa, Félix Bolaños, y Génova, Teodoro García-Egea. Pero los vetos –en los nombres de los vocales– que se profesaban mutuamente los populares y Podemos dieron al traste con una renovación en bloque de todos los órganos constitucionales. Solo se salvó el pacto in extremis para la Corporación de RTVE.
Los contactos se interrumpieron abruptamente y Sánchez aprovechó una comparecencia posterior al Consejo Europeo para, en los jardines floridos de la Moncloa, lanzar una advertencia al PP para que superase su «miedo» a Vox y se aviniese a un acuerdo. Ahora, en el Gobierno creen que la actitud de Casado podría cambiar tras la victoria en Madrid y encarar con otro ánimo unas negociaciones que saltaron por los aires por la intención de Podemos de promover como vocal al magistrado José Ricardo de Prada, que tuvo un papel protagonista en la sentencia de la Gürtel que motivó la moción de censura contra Rajoy.
Desde el PP evitan valorar las apreciaciones del Gobierno sobre su actitud más favorable al acuerdo tras el 4-M y señalan que están pensando exclusivamente en los comicios, con sus esfuerzos centrados en ganar la contienda electoral. Los populares instaron en febrero al PSOE a elegir entre cerrar el pacto con ellos o atender a las exigencias de sus socios de gobierno, en un momento muy tenso en la relación dentro de la coalición. Sin embargo, Sánchez optó por salvaguardar la estabilidad de su ejecutivo, consciente de que le asegura la supervivencia en Moncloa hasta el final de la legislatura, y decidió esperar a un mejor momento para llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Ese momento podría darse después de las elecciones madrileñas, cuando se prevé también un debilitamiento de las posiciones de Unidas Podemos.
El salto de Iglesias a la escena madrileña ha garantizado que los morados tengan representación en la Asamblea, algo que no estaba nada claro hasta que el ex vicepresidente dio un paso al frente. Sin embargo, los morados quedarán en una posición subalterna, por detrás de Más Madrid, y con la obligación moral de apoyar un gobierno de Ángel Gabilondo, si dieran los números para ello, por lo que –en el terreno de la negociación del CGPJ– Podemos está en una posición de debilidad en el nuevo escenario que se abre tras el 4-M y con Iglesias presionando ya desde fuera del Ejecutivo.