Una saludable libertad de prensa como motor de la democracia
Ocho de cada diez españoles han recibido un bulo sobre la pandemia de la covid
En la pregunta número 6 del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) número 3.279 de abril de 2020, se realizaba la siguiente pregunta un tanto surrealista, más propia de un estado totalitario que de una democracia liberal y representativa tan consolidada y homologable como la española: ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Ante semejante e insólita cuestión, las respuestas posibles que ofrecía el estudio eran dos, que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información o la alternativa, que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información. La primera respuesta obtuvo el 66,7% de las respuestas y la segunda el 30,8%.
La lucha contra las noticias falsas y la facilidad con la que se difunden, amparadas en el anonimato, es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las sociedades libres de este mundo occidental en el que las fuentes y los soportes informativos son tan abundantes como influyentes. Obviamente, estados autoritarios como el ruso o totalitarios como el de la República Popular China ven en estas malas artes una forma más de ataque a occidente y lo que representa como modelo democrático.
La libertad de prensa no puede vivir amenazada por el pensamiento único, ni fiscalizada por «tribunales» creados por gentes a sueldo para poner en duda informaciones veraces, pero que perjudican a determinadas ideologías, fundamentalmente aquellas de carácter despótico y arbitrario.
El CIS planteaba la posibilidad de sustituir a los medios por «solo una fuente oficial de información». Esta pretensión es la aspiración de los sectores de la extrema izquierda presentes en el Gobierno de España, y tan solo plantear esta posibilidad en un sondeo muestra la debilidad del partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se debe plegar a exigencias de los comunistas coaligados en el gabinete, que junto a los fascistas, son los mayores enemigos de la libertad y del estado social y de derecho.
Muchas han sido las iniciativas gubernamentales que han supuesto un ataque a las instituciones más representativas reguladas constitucionalmente como cúspide del Estado, con el único propósito de satisfacer tanto a sus socios de ejecutivo como a sus aliados parlamentarios en las Cortes Generales, sin reparar en el elevado coste que ello ha supuesto para la estabilidad de este sistema de libertades que protege y blinda los derechos fundamentales que nos amparan. Afortunadamente, el régimen nacido de la transición política y de la reconciliación nacional, plasmado en la Carta Magna de 1978, es mucho más fuerte y consistente que la actual mayoría parlamentaria formada por la izquierda, la ultraizquierda, los proetarras y los independentistas y perdurará. La mordaza que supone la censura que se quiere imponer no es viable. La norma fundamental que regula nuestra convivencia evitará los intentos de abuso por parte de radicales. También la Unión Europea, claro. Estas son las dos grandes garantías que tiene la democracia para luchar contra los extremismos, la Constitución de 1978 y la Unión Europea.
En la clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras, España se sitúa en el puesto 29 sobre un total de 180 países auditados. Lo que desautoriza las pretensiones de imponer la censura a nuestros medios.
El grupo de investigación Digilab, de la Universitat Ramón Llull, llegó a concretar en su informe de 2020 que el 80,3% de los españoles ha recibido un bulo sobre la pandemia.
Según este estudio, la mayoría contrasta la noticia por mensajería instantánea, el 73,5%, mientras que el 35,9% recurre a Google y el 26,5% acude a medios de comunicación. Pero un 26,6% respondió que compartió noticias falsas en las redes sociales y por medio de mensajería instantánea.
«Si más de un 70% de la población contrastase los bulos que recibe, no tendríamos el problema que tenemos con la desinformación. Hay otro porcentaje más revelador: el 34,9% de la gente que nos dice que contrasta, pero solo si la información le interesa y le afecta directamente. Es un dato más interesante y coherente», afirma el Digilab.
La consecuencia de la proliferación de las noticias falsas ha sido que ha aumentado la preferencia por informarse por los medios tradicionales en detrimento de las redes sociales y la mensajería instantánea.