El Supremo acelera la revisión de Mozo como presidente
► Los magistrados resolverán en «días» el recurso sobre la doble presidencia
El Tribunal Supremo no va a agotar el plazo de tres meses que tiene para revisar las medidas cautelares de los recursos contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes jurídicas del Alto Tribunal sitúan en unos «diez días» la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativa que marcará si, por el momento, puede continuar la bicefalia tras la dimisión de Carlos Lesmes con Mozo al frente del CGPJ y Francisco Marín Castán con la batuta del Supremo.
El vocal Wenceslao Olea y el secretario general del Consejo, José Luis de Benito, tardaron apenas horas en impugnar la decisión adoptada por mayoría del CGPJ de que la jefatura de esta institución y la del Alto Tribunal, que siempre la había liderado una sola persona, se desdoblara de forma excepcional dejando a Mozo como un presidente «suplente» hasta que un pacto político renueve el mandato del Poder Judicial caducado. Ni Olea ni de Benito creen que esto sea legal porque, según alegan, la ley habla claramente de una sola presidencia.
Por eso pidieron a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativa -una especial que se conforma con los presidentes de las cinco seccionesque se pronunciara de forma urgente.
Y así lo hicieron el pasado 18 de octubre, los magistrados no vieron motivo para admitir las medidas cautelarísimas («inaudita parte», es decir, sin escuchar a la otra parte) que pedían los recursos porque no apreciaron «circunstancias de especial urgencia». Pero ahora llega el siguiente escalón, las medidas cautelares que, según juristas especialistas en contencioso consultados, tienen más visos de prosperar.
La premura de tomar una decisión sin escuchar al Consejo no fue entendida por los magistrados («no estaba en riesgo la demolición de una casa o la exportación de un extranjero», indican los juristas consultados), pero ahora una vez dada esa opción el escenario cambia. El Supremo ha emplazado a los 16 vocales que votaron a Mozo como presidente a comparecer como codemandados, si bien según la información recabada por este periódico de momento ninguno lo ha hecho.
El escrito de Olea plantea que están en jaque «cientos» de decisiones porque si Mozo se sienta al frente de las comisiones y los plenos que adoptan acuerdos y, más adelante, el Supremo anula su designación todo quedará en papel mojado. De hecho, pone el ejemplo de los dos magistrados que el CGPJ debe elegir para ir al Tribunal Constitucional. «De anularse la designación, y la forma en que debe desarrollarse del Presidente en funciones se verían afectados de nulidad de pleno derecho; es decir cientos de resoluciones (jubilaciones, permisos, comisiones de servicios en el órgano, nombramientos, etc.) se verían afectado por dicha nulidad. Pero, sobre todo, este vicio de nulidad podría afectar a la designación de dos magistrados del Tribunal Constitucional y no parece necesario reseñar la relevancia que ello supondría», expone.
Se da la circunstancia de que dos de los miembros que componen la sección sexta sobre la que recae la decisión (Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Celsa Pico, Octavio Juan Herrero y José Antonio Montero) son candidatos del bloque progresista del CGPJ para ocupar una de las sillas en el Tribunal de Garantías. Se trata de Espín y Bandrés que junto a Pablo Lucas son las tres opciones que baraja este sector. Dichas negociaciones se retoman estos días.
En el Supremo son conscientes de este extremo y, por ello, no quieren demorar la decisión sobre la legitimidad de Mozo para rubricar como presidente.