La sedición y los «intereses transitorios» de Sánchez

EmileEmile Zola (1840-1902), el del «Yo acuso» del caso Dreyfus, defendía que «la Justicia debe mostrarse indiferente hacia las consecuencias, elevándose por encima de los intereses transitorios». Pedro Sánchez, mientras encara vuelve a jugar fuerte y se ha lanzado a suprimir el delito de sedición del Código Penal –que es de 1985 y no de 1822, como dice el presidente– y sustituirlo por el de «desórdenes públicos agravados», algo que estaría penado con cinco años. Su aplicación retroactiva dejaría, de hecho, sin efecto, las condenas a los líderes del «procés» y Oriol Junqueras, el líder de ERC podría presentarse a las próximas elecciones. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que insiste en la amnistía y la independencia, también celebra que «hemos llegado un acuerdo con el Estado para eliminar este delito». La decisión de Sánchez, no por esperada, levanta ampollas en la oposición, en parte de su propio partido y entre los jueces del Tribunal Supremo que alegan, no sin razón, que fueron los únicos que plantaron cara al «procés», ante la pasividad del poder ejecutivo y del legislativo.

El inquilino de la Moncloa, preso de «intereses transitorios», cree que para las elecciones municipales y autonómicas de la primavera y para las generales de finales de 2023, los electores habrán olvidado este episodio, sobre todo si sus socios «indepes» no agitan mucho las aguas en Cataluña, algo que quizá conviene a todos, con la excepción de Puigdemont. El camino, sin embargo, puede no estar tan despejado. Una vez aprobada la modificación de la ley, el Supremo deberá aplicarla y surge la duda de, ante la inexistencia del delito de sedición, dónde se encaja el ataque –obvio para los jueces y no solo para ellos– a la Constitución que promovieron los líderes del «procés». Hay magistrados que no descartan la hipótesis de que, ante la ausencia de «sedición», habría que volver a fijarse en la «rebelión», sin olvidar que sigue vigente la malversación, con penas que también impedirían a los líderes del «procés» ejercer ciertas actividades. Un embrollo, «un lío colosal», que diría Rajoy, que deja desprotegida a la Justicia española que, ahora sí, puede llevarse un revés del Tribunal de Estrasburgo, algo que persiguen y celebrarían los «indepes». Sánchez paga día tras día su peaje a sus socios. Habría frenado algo a Feijóo, que ahora puede volver a remontar y aprovechar el cabreo de muchos socialistas. El presidente, sin embargo, insiste en que el tiempo hará olvidar todo, mientras administra sus «intereses transitorios», como diría Zola.