La Eurocámara cuestiona el escaño de Puigdemont
► El Parlamento Europeo abre la puerta a considerar ilegal el acceso del expresident a su escaño
ElEl escaño de Carles Puigdemont en la Eurocámara está bajo sospecha. Al menos eso es lo que apunta el propio Parlamento Europeo, para el que el ex presidente de la Generalitat accedió a su escaño «probablemente de manera ilegal». «El Parlamento ha tratado correctamente a los demandantes. En enero de 2020 se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto, por una sentencia del Tribunal General, probablemente de forma ilegal», aseguró ayer Norbert Lorenz, el representante legal de la Eurocámara en la vista que se celebró en Luxemburgo ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad de Puigdemont, tras la demanda interpuesta por este y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la Eurocámara.
Lo cierto es que ahora mismo el Parlamento Europeo está estudiando si procede quitar su acta de eurodiputado a Puigdemont, ya que no completó el procedimiento habitual para ser acreditado, según la legislación española. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, envió una misiva a la Junta Electoral Central después de que el pasado mayo la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, presidida por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, constatara no haber podido verificar verificar las credenciales de los tres eurodiputados. La Eurocámara, presidida entonces por el socialista David Sassoli, permitió en enero de 2020 que los eurodiputados independentistas recogieran sus actas sin haber completado los requisitos exigidos por la legislación nacional. Poco antes, un fallo del Tribunal de Justicia de la UE había sentenciado que la inmunidad de un eurodiputado se adquiere en el mismo momento de la proclamación de los resultados electorales, en referencia al caso de Oriol Junqueras, que estaba en esos momentos en prisión. Este fallo hizo interpretar al presidente de la Eurocámara que los eurodiputados independentistas podían ocupar su escaño sin jurar o acatar la Constitución española (Puigdemont corría el riesgo de ser detenido en caso de viajar a nuestro país).
Fuentes parlamentarias de la citada comisión consideran que la decisión de Sassoli fue «meramente «meramente política» aunque ahora no cabe recurso ante el Tribunal de Justicia para saber si esta sentencia se interpretó de manera correcta, ya que el plazo legal transcurrido desde este fallo – decisión que correspondía al Gobierno español– ha expirado. La junta Electoral Central contestó a Metsola en el mes de noviembre con una carta en la que explicaba los requisitos de la legislación nacional para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo, pero todavía no se ha producido una respuesta oficial por parte de la Eurocámara, cuyos servicios jurídicos siguen analizando la situación.
Para explicar que el Parlamento Europeo en ningún momento ha tomado decisiones en contra de los políticos independentistas, Lorenz también aseguró que la Eurocámara levantó la inmunidad «de manera totalmente correcta» y que el proceso de suplicatorio fue imparcial.
Sin embargo, Puigdemont y los dos exconsellers mantienen que el proceso por el que perdieron su inmunidad –para que se pudieran tramitar las euroórdenes– no se realizó con el rigor debido ya que el ponente, Angel Dzhambakzi, pertenecía a la misma familia política que Vox y el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, forma parte de Cs.
Según Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, el proceso de suplicatorio debe ser anulado ya que se trató de una «persecución política». En sustento de esa tesis, el letrado esgrimió que ahora mismo el Congreso de los Diputados tramita una reforma para rebajar la condena del delito de sedición.
Se espera que la sentencia definitiva sobre la inmunidad de los políticos independentistas llegue en los primeros meses del año que viene. En caso de que sea contraria a los intereses de los demandantes, éstos ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la UE, la última instancia dentro del entramado jurídico comunitario.
No es este el único frente jurídico comunitario de Puigdemont. Además, la Justicia europea debe pronunciarse también sobre si el Supremo es competente para emitir una nueva euroorden.