Los obispos, ante la ley del «sí es sí»: «Los jueces no tienen la culpa»
► El secretario general del Episcopado sugiere resolver las «lagunas» de la ley en el Parlamento
Palabra de canonista. Para el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, la polémica surgida en estos días a raíz de la rebaja de condenas a los agresores sexuales por a la aplicación de la ley del «sí es sí» ha traído consigo una «alarma social justa».
«Somos conscientes de las dificultades de ciertas leyes y hemos visto las consecuencias jurídicas», apreció el también obispo auxiliar de Toledo, en el transcurso de la rueda de prensa de la Asamblea Plenaria del Episcopado, que compartió que «no se ha hecho una valoración oficial», si bien sí se ha abordado de manera informal en diferentes corrillos.
A partir de ahí, García Magán desarrolló que «cuando una ley se ve que es imperfecta, que puede provocar lagunas, se resuelve en el Parlamento, que es el que tiene el poder legislativo». En cualquier caso, salió en defensa de los tribunales de forma explícita, al subrayar que «los jueces no tienen la culpa, lo que hacen es aplicar la ley». «No hay que culpabilizar o, mejor, responsabilizar a los jueces», planteó. «Son como un cocinero, que cocina los alimentos que se le dan, si se le da un chuletón y le dicen: ‘¿Por qué no me has hecho pescado? Pues porque me has dado carne’», ejemplificó.
Al coincidir su comparecencia con el Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el portavoz episcopal no dudó en condenarla como un algo «execrable, nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad». A renglón seguido, instó a la opinión pública a reflexionar sobre el repunte de casos entre los jóvenes. «Hay algo que no funciona», aseveró.
García Magán también dio cuenta en el encuentro con los periodistas de la aprobación por parte de la Plenaria por «mayoría muy calificada» de un nuevo protocolo marco en prevención y actuación ante los abusos sexuales, así como unas líneas guía para las diócesis con el fin de «encauzar y dar una respuesta, en justicia y caridad, a las víctimas del pasado, pero también mirar al presente y al futuro». La novedad del protocolo, que no será de obligatorio cumplimiento, pasa por ahondar en la cuestión de la justicia restaurativa, aunque el documento no bajaría hasta las indemnizaciones económicas.
En relación a una futurible ley de familia del Gobierno, García Magán defendió que «como es obvio, presentamos el modelo que está en el Evangelio, lo que es doctrina común a lo largo de los siglos por parte de la Iglesia». «No se trata de condenar ni excluir a nadie, sino de respetar a todas las personas», subrayó, aunque matizó que «en el contexto de una sociedad democrática, la Iglesia, los obispos, los laicos tenemos derecho no solo de vivir según ese modelo sino de proponerlo, pero eso no significa ninguna condena ni exclusión a nadie». «Jesucristo no se inventó el matrimonio, ya existía en el derecho romano, griego, egipcio e israelí», recordó, admitiendo que había otro tipo de uniones. Eso sí, apostilló que Jesús de Nazaret partió de «esa institución preexistente para decir que cuando se da entre cristianos es un sacramento».
En cualquier caso, el secretario general, reclamó a Moncloa «consenso» a la hora de legislar en cualquier materia, priorizando un pacto de Estado de Educación.
«Defender el modelo de familia cristiana no significa ninguna condena o exclusión», remarcó