Fin de la sedición sin debate ni Parlamento
LaLa derogación del delito de sedición en nuestro ordenamiento constitucional sigue conforme a lo establecido en los planes de La Moncloa. El propósito es perpetrar una transformación fundamental del cuerpo jurídico por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía. Es la marca de este Gobierno que ha desactivado hasta reducirlo a un mero trámite casi por imperativo legal el papel y la contribución del parlamentarismo en la vida institucional y pública de la nación. Recordar que el Ejecutivo socialista y comunista cerró de manera inconstitucional las Cámaras en plena pandemia es rubricar que estamos ante un perfil de identidad política no homologable con los países de nuestro entorno. Si es grave que el Gobierno esté desarmando sin pausa el Estado de Derecho frente a sus principales amenazas como son los movimientos secesionistas, cuyos líderes fueron condenados e indultados después por el golpe de 2017, no lo es menos que se haya propuesto convertir a las Cortes en un convidado de piedra de la democracia española. El paso fugaz de la iniciativa por las cámaras para desbrozar el camino al separatismo y erradicar el delito de sedición es paradigmático sobre la calidad y la cualidad de la gobernanza en manos de Pedro Sánchez y sus aliados. Si la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para acabar con ese tipo delictivo crucial se desarrolló de madrugada en el Congreso, fuera de los focos y de la opinión pública, el pleno exprés para debatir las enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Ciudadanos y JxCat, que han sido rechazadas por la mayoría Frankenstein, ha sido la segunda entrega de esta alcaldada. Todo ello enmarcado en un procedimiento súbito y excepcional en el que se han estrechado y adulterado los plazos de las enmiendas para que la sedición sea historia antes de que acabe 2022 y Pedro Sánchez cumpla con las exigencias de sus socios independentistas y se asegure los votos con que alcanzar el final de la legislatura sin sobresaltos. Lo que merecería un estudio profundo y profuso dada la naturaleza nuclear del tipo penal en cuestión y por las conductas delictivas que sanciona ha quedado reducido a una furtiva formalidad. Este Gobierno nos ha demostrado con sus actos que es capaz de todo con tal de alcanzar su primer y casi único propósito, perpetuarse en el poder. Incluido no solo la colonización de las instituciones, y el desprestigio que ello supone, sino el fraude político, y veremos si legal, que supone alterar leyes y principios mayores de la democracia mediante instrumentos y procedimientos soterrados. Minar la fortaleza de la Constitución es muy grave. La hace vulnerable a sus enemigos, que son poderosos en este país. Hacerlo desde el poder sin haberlo sometido a la voluntad popular, de espaldas al pueblo, retrata el abuso de un gobernante impropio.