Amén a Junqueras y Otegi

LaLa Constitución cumple este martes 43 años con un roto que ya veremos cuánto se agranda. Es lo que tiene estar en manos de un Gobierno que dejó de ser constitucionalista para amarrarse a quienes buscan un nuevo proceso constituyente con el que sortear la Carta Magna de 1978, que fija a España como única Nación. A esta hora, cuando se le pregunta a los diputados socialistas, ni siquiera ellos son capaces de aventurar qué pasará esta semana ni en las tres siguientes. La reforma exprés del Código Penal pactada con ERC los tiene descolocados. Lo único que se confirma es que superará de aquí a final de año todos los trámites parlamentarios que otras iniciativas tardan meses en recorrer. El borrado de la sedición será realidad mientras las dudas sobre el futuro del delito de malversación siguen estando ahí.

Con Sánchez es complicado hacer pronósticos. En el caso de la malversación, solo él conoce sus intenciones, pues fue quien dejó esa puerta abierta. Y, tal como están las cosas en su partido, el mandamás es el único que puede cerrarla, si le conviene. De momento, no lo ha hecho. Los socios independentistas aseguran que mantienen negociaciones con La Moncloa para una reformulación «quirúrgica» que diluya la inhabilitación de los indultados por el procés y salve de la condena a decenas de separatistas acusados de montar el referéndum ilegal. Entre otros, quien fuera nombrado el pasado viernes en el BOE presidente del puerto estatal de Barcelona, Lluís Salvadó, dejando constancia de su «competencia profesional». Vivimos en el país de las maravillas.

El detalle ilustra, otra vez, que el presidente dice amén a lo que proponen los secesionistas. La directriz es legalizar el golpe de Estado del 1-O. Tanto, que reduce el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés a unos meros desordenes públicos. Uno difícilmente se imagina a la Casa Blanca devaluando el asalto al Capitolio hasta hacerlo pasar por un alboroto. Los daños colaterales sobre el propio Tribunal Supremo que sentenció a los golpistas es un lujo que ningún Gobierno debería permitirse. Nadie en una democracia debería estar al margen ni por encima de la ley. Los socios preferentes de Sánchez lo están. «Hay que aprovechar nuestra fuerza en esta Legislatura», susurran en los pasillos del Congreso esos mismos que forman parte de la ecuación de la gobernabilidad. Las concesiones que se van entregando a los separatistas serán utilizadas, llegado el caso, para forzar al máximo sus pasos hacia la independencia sin temer las consecuencias de desafiar al Estado de Derecho con un inquilino diferente a Sánchez instalado en La Moncloa. Léase, Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno, claro, evita decirlo abiertamente, pero ya deja circular en los mentideros «el infierno» que le puede esperar al líder del PP en caso de salir triunfador de las próximas generales. A nadie sorprendería. La polarización está servida, porque las propias elecciones van a jugarse sobre los dos bloques en disputa. Un ambiente altamente envenenado para un Feijóo en el poder podría llevar a Sánchez a intentar un relato basado en el famoso axioma «yo o el caos». Futuribles aparte, de un Gobierno aupado por los enemigos del Estado nunca pudo esperarse otra cosa que lo peor. Aunque lo más preocupante es el distanciamiento de la realidad que muestra Sánchez. Considera que los españoles olvidarán sus cesiones a independentistas y filoetarras al acudir a las urnas. Inaudito. Difícilmente será ya así y negarlo únicamente servirá para hacer más duro el descalabro electoral. Las tragaderas tienen fecha de caducidad. Y a estas alturas, la pirotecnia propagandística, la machacona agitación del trampantojo de la extrema derecha o la exhumación de Franco como hito con el que pasar a la Historia provocan alergia en los ciudadanos. Sánchez lleva mucho tiempo jugando con fuego…