Caos en las oposiciones: Aragonès cesa a un alto cargo y salva a Vilagrà
► Aparta a la directora de Función Pública tras el fiasco de los exámenes. Los partidos claman y señalan a la vicepresidenta
NuevoNuevo cese en el Govern de Pere Aragonès por una mala gestión interna: el presidente fulminó ayer a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, por el caos en la organización de las oposiciones para funcionaros. El departamento depende directamente de la consejería de Presidencia, en manos de Laura Vilagrà, escudera política del propio Aragonès.
En este sentido y tras conocer la destitución, la oposición clamó, tildó la maniobra de «tomadura de pelo» y apuntó hacia la propia Vilagrà, aunque el Govern ya ha dejado claro que no tomará medidas contra ella ni se prevé su dimisión. Vilagrà es la mano derecha del presidente de la Generalitat y su gran puntal en el día a día del Ejecutivo. Ahora, su gestión está en el ojo del huracán: el PSC denuncia incluso que el caos en las oposide ciones se fraguó antes de que la directora general de la Función Pública destituida ocupara el cargo, ya que su nombramiento fue en enero de 2023 y la preparación de los exámenes empezó en 2022. Así, tanto el PSC como Junts presionan para que Vilagrà dé explicaciones y facilite información en el Parlament.
De hecho, la polémica centró gran parte de la reunión del Ejecutivo de este martes, en la que también se nombró a su sustituta, Anna Molina, una abogada que ya formaba parte de la secretaría de Función Pública. Además, el Govern ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos, aunque desde la Generalitat se señala ya a la empresa externa subcontratada para la organización de los exámenes.
Un total de 13.581 personas fueron convocadas el sábado para participar en las pruebas para pasar de interino a funcionario con el objetivo de cubrir 1.825 plazas, de las que algo más de 9.000 se examinaron en Barcelona.
Muchos aspirantes utilizaron las redes sociales para denunciar el retraso en el inicio de las pruebas, de hasta seis horas en algún caso, así como problemas de identificación y de calor.
Además, advirtieron de que algunas de las aulas donde se celebraban las pruebas, como las de la Facultad de Economía de la Universitat de Barcelona (UB), estaban masificadas, lo que facilitaba que los aspirantes pudieran intercambiar opiniones sobre el examen e incluso que copiaran.
Tras pedir disculpas, la Generalitat anunció una investigación para depurar responsabilidades y plantea la posibilidad de que se repitan «en el menor tiempo posible» aquellas pruebas que no se pudieron realizar respetando todas las garantías, aunque no ha concretado de cuántos exámenes se está hablando. En este sentido, el Govern ha puesto a disposición los afectados por los «errores logísticos» un espacio web para que puedan hacer llegar las incidencias. «Queremos conocer exactamente cuáles son las incidencias y en qué grupos se produjeron, porque algunas son graves y probablemente significarán volver a realizar la prueba», se excusaron desde Presidencia. El Govern concretó ayer que este buzón estará disponible hasta el viernes y servirá para decidir qué exámenes hay que repetir.
Sobre el fiasco en cuestión, la Generalitat ha encargado a sus servicios jurídicos un informe para que la empresa adjudicataria encargada de controlar la convocatoria de las oposiciones asuma las consecuencias de las incidencias. «Se llegará hasta el final para que no pueda rehuir ninguna de las responsabilidades que tenía atribuidas», aseguró la portavoz Patrícia Plaja. El gobierno catalán tenía un contrato con la empresa hasta el año 2024 de 1,4 millones
El PSC dice que la convocatoria se planeó antes de que la dirigente cesada ocupara el cargo
Se deberán repetir varias pruebas después del caos, con retrasos de seis horas y clases colapsadas
y la voluntad es rescindirlo porque ha quedado «sobradamente demostrado que no está preparada» para llevar a cabo con eficacia este trabajo y para que cuando se repitan las pruebas se hagan «con la máxima rigurosidad». El Govern hará todo lo que «permita la ley para rescindir el contrato con la empresa», zanjó la portavoz.