Jueces y fiscales firman mañana la subida de 450 euros y los funcionarios esperan a Llop
► La asociación mayoritaria se ha desmarcado del acuerdo al considerarlo «insuficiente»
Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán este martes con el ministerio la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras los funcionarios de la Administración de Justicia esperanque el departamento dirigido por Pilar Llop les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que mantienen desde hace un mes.
La firma tendrá lugar después de que el pasado jueves todas las asociaciones –salvo la mayoritaria de jueces– aceptara la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. El viernes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se desmarcó oficialmente del pacto y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable», pero no ha precisado si se plantea o no ir a huelga.
El jueves, el portavoz de la asociación, Juan José Carbonero, aseguró en declaraciones a la prensa que aún estaban en modo negociación. «Yo no descarto nada», dijo para luego incidir en que hasta el momento de la firma «hay tiempo de acercar posiciones». Al día siguiente, sin embargo, emitieron un comunicado desde la APM en el que explicaban que aunque la decisión no había sido «fácil», la habían adoptado desde «el convencimiento» de que se trata de un «acuerdo nefasto» para la carrera judicial que «hiere profundamente y durante mucho tiempo» su régimen retributivo. Así las cosas, la firma del martes se llevará a cabo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del ministerio. La APM la dejó en suspenso.
Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista– se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras cuatro –Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– han asegurado que «la propuesta no es en absoluto satisfactoria», que no colma sus «legítimas» reivindicaciones económicas y que no atiende las «necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan».
Será la primera vez que se firme un pacto en el marco de la Mesa de Retribuciones que represente un «aumento real» porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.
El acuerdo se ha alcanzado tras cuatro reuniones fallidas toda vez que las asociaciones rechazaron en dos ocasiones anteriores las opciones que el equipo de Pilar Llop puso sobre la mesa. Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones de euros. Luego descartaron firmar una oferta por 46,7 millones.
Fue el pasado 16 de mayo cuando el ministerio les ofreció una tercera tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que el 18 de mayo terminaron por convencer a seis de las asociaciones.
El acuerdo que se ha alcanzado incluye una partida de 46,7 millones que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos. Según fuentes cercana sala negociación, los incrementos se abonarían entres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
Desde el ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización».
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