Las recetas de los partidos al problema de la vivienda
► Barcelona cerró 2022 con un precio récord medio en los alquileres de pisos de 1.077 euros al mes, es decir, prácticamente igual al salario mínimo interprofesional ◄
LaLa vivienda en Barcelona juega un papel capital en estas elecciones. Al fin y al cabo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo de esta cuestión su caballo de batalla y, pese al considerable aumento de vivienda pública en la capital catalana, está muy lejos de cumplir sus promesas. En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona gestiona en la actualidad un parque de vivienda pública de cerca de 11.700 pisos. Cando la alcaldesa llegó al cargo, en 2015, esta cifra era de 7.500. El consistorio tiene en construcción otros 2.000 pisos más con la previsión de terminarlas a finales de 2025. Además, durante 2024 deben empezar las obras de 2.000 inmuebles que ya están proyectados. Colau, en cualquier caso, prometió 8.000 pisos durante su primera legislatura.
Y todo esto mientras la capital catalana cerró 2022 con un precio récord del alquiler de la vivienda, que se situó en una media de 1.077 euros/mes en el cuarto trimestre, una cantidad prácticamente igual al salario mínimo interprofesional, que es de 1.080 euros. Según los datos que publica el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que se basan en las fianzas que se depositan en esta entidad, que depende de la Generalitat, el alquiler medio en la capital catalana durante todo el 2022 fue de 1.026 euros una cifra un 11,76 % superior a la de 2021. De esta forma se rompe la tendencia de los dos últimos años, los afectados por la pandemia, que comportaron un retroceso de los precios del alquiler en Barcelona. Así, si lo comparamos con 2019, el año anterior a la pandemia, el incremento ha sido de un 4,91%, cuando el precio medio del alquiler en Barcelona era de 978,81 euros.
Así las cosas, los candidatos a la alcaldía de Barcelona tienen diferentes enfoques para abordar el problema de la vivienda asequible y la subida de precios del alquiler. Algunas de las propuestas que han mencionado incluyen la colaboración público-privada, la cesión de solares para aumentar la vivienda asequible, la rehabilitación y la reserva del 30% de vivienda protegida en toda nueva promoción de Barcelona.
En cuanto a la reserva del 30% , impulsada por el gobierno de Ada Colau y aprobada en 2018, hay discrepancias sobre si se debe rechazar, revisar o mantener. Esta cuestión fue llevada al pleno en marzo, pero no prosperó.
Ada Colau (BComú) ha enfocado su mandato en la construcción de vivienda asequible, la regulación de precios de alquiler, la prevención de desahucios y la implicación de la Generalitat y el Estado. Ha defendido la medida del 30% de reserva a vivienda protegida y se ha postulado para ser la primera ciudad en aplicar la regulación de precios. Es decir, continuar con las políticas actuales.
Jaume Collboni (PSC) plantea construir 25.000 viviendas protegidas, establecer un plan para que los propietarios cedan sus pisos al Ayuntamiento y busca la colaboración público-privada. Considera que la Ley de Vivienda estatal tendrá un impacto importante y quiere revisar la medida del 30% de reserva.
Daniel Sirera (PP) propone la creación de 40.000 viviendas en La Marina del Prat Vermell y la Sagrera, con colaboración público-privada. Critica la medida del 30% de reserva y la considera ineficaz.
Ernest Maragall (ERC) se compromete a construir 20.000 viviendas, con al menos un tercio de ellas asequibles. Quiere que Barcelona recupere el liderazgo en la construcción y rehabilitación de viviendas y aboga por revisar la medida del 30%.
Xavier Trias (Junts) propone un pacto a largo plazo entre las fuerzas políticas de la ciudad para abordar la falta de vivienda asequible. Rechaza la medida del 30% de reserva y busca construir, comprar y rehabilitar viviendas en malas condiciones.
Eva Parera (Valents) aboga por permitir la construcción de viviendas temporales con impresoras 3D para las familias en emergencia. Quiere revertir la reserva del 30% y eliminar la ocupación ilegal de viviendas.
Anna Grau (Cs) destaca la importancia de dar seguridad jurídica a los propietarios y reducir impuestos. Critica la ley catalana de regulación de alquileres y se centra en abordar el problema de la ocupación.
El parque público actual de vivienda en Barcelona asciende a 11.700 pisos, apenas el 1,5% del total