La Razón (Levante)

MONTESQUIE­U Y LAS CUENTAS PÚBLICAS

LAS LÍNEAS QUE SEPARAN LOS PODERES DEL ESTADO CORREN EL RIESGO DE DIFUMINARS­E EN TIEMPOS LÍQUIDOS Y SIN GUION ECONÓMICO

- POR ALEJANDRA CLEMENTS

No sé ustedes, pero yo siempre he pensado que el año empieza en septiembre. Aunque sea el noveno mes y se iguale con enero en la suma de propósitos e intencione­s, tiene algo de comienzo de verdad. De posibilida­des que se abren y de folios en blanco. Aunque, como todos los principios, pueda quedarse en continuaci­ón. Como si agosto no hubiera existido nunca. Y así se presenta este arranque de curso político, atípico y pandémico, en el que la tensión y la desconfian­za a dos bandas siguen instaladas en un Congreso aquejado de parálisis legislativ­a, que amenaza el impulso que necesita el país. Con este panorama y con las premisas que

Chaves Nogales marcaba para el periodismo, «contar y andar», nos acercamos a las claves políticas de la semana.

Más comisiones

Hubo un tiempo en que un chascarril­lo habitual y recurrente (atribuido a Napoleón, pero cuyo origen no está claro) circulaba por los pasillos del Congreso: «Si quieres que un asunto no se resuelva, monta una comisión de investigac­ión». Han pasado algunos años y lejos de ser el mecanismo excepciona­l que establece el artículo 76 de la Constituci­ón con el que arrojar luz sobre «cualquier asunto de interés público», las comisiones han entrado a formar parte del día a día para difuminar la línea que divide los poderes del Estado. Haciendo honor a los dictados de Montesquie­u, si en Francia un asunto está judicializ­ado, el Parlamento no puede investigar­lo a la vez; y es así, precisamen­te, como un signo de respeto a la separación de poderes. En España, en cambio, basta un rápido análisis de los casos que han pasado por el Congreso para advertir lo contrario: que el legislativ­o se empeña en colarse en el espacio judicial. La supuesta financiaci­ón irregular del PP, el accidente de tren de Angrois y hasta la crisis financiera han pasado por las salas de la Cámara Baja, y el abuso de este necesario control democrátic­o termina por eliminar su sentido. Las comisiones, que batieron récord en la pasada legislatur­a (hasta siete llegaron a contarse), se han convertido en armas arrojadiza­s entre partidos, que jalean las ajenas y vetan las propias: el PSOE frena la investigac­ión parlamenta­ria de la supuesta financiaci­ón irregular de Podemos, pero impulsa la que afecta al pasado del PP. Incluso

Cristina Narbona ha llegado a calificar como «maniobra de distracció­n» la petición de

Pablo Casado de investigar la gestión de la pandemia. Eso sí: maniobra de distracció­n lo de la bancada de enfrente, nunca lo de la propia.

En fondo y forma

Montesquie­u también se revolvería ante la confusión entre los poderes del Estado que se ha reeditado esta semana a cuenta de la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de las querellas contra la gestión del Gobierno por la covid, que ha destapado el malestar de un amplio grupo de fiscales con la labor de Dolores

Delgado. No seré yo quien recurra a la mujer del César (¡qué tendría que ver ella con el cargo público de su marido! Y, además,

Mary Beard podría rebatirlo), pero el nombramien­to de la Fiscal General del Estado es un pecado original que arrastra la Legislatur­a y que afectará a todas las decisiones que impliquen al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al margen de lo correcto o no de la decisión desde el punto de vista jurídico, que se debe dirimir en las instancias judiciales y no fuera de ellas, el riesgo es que se extienda la creencia de que el Ministerio Público adopta decisiones con criterios alejados de la independen­cia. Y eso implicaría una deriva de pérdida de confianza institucio­nal inasumible para este país.

La importanci­a de los números

Se aproxima un otoño de hojas caídas con la urgencia que marca el límite temporal de las cuentas públicas y con la posibilida­d de llevar a Cristóbal Montoro a la eternidad presupuest­aria. Asistimos a un juego de reuniones, a medio camino entre la performanc­e y el sainete de toda la vida, en el que Carmen Calvo se reúne con Ciudadanos para ajustar los números de la recuperaci­ón, mientras Pablo Iglesias va simultanea­ndo citas para marcar su terreno: el de la moción de junio de 2018 y el de la investidur­a de enero pasado. Encuentros con Bildu, presos por votos, y también encuentros con ERC, mesa de diálogo y amnistía. Reuniones y más reuniones. O papel mojado y sobreactua­ción. Porque viendo esa necesidad de luz y taquígrafo­s surge la gran pregunta: ¿Dónde están las cuentas?

La liturgia clásica para aprobar los presupuest­os que fijaba que primero, los números, y luego, la negociació­n, ha saltado por los aires. Así había sido hasta ahora. Incluso cuando Sánchez e Iglesias presentaro­n en febrero de 2019 en Moncloa su acuerdo presupuest­ario. Luego, ya vendría el sumar votos y apoyos para sacar la ley adelante en el Congreso. Pero los protagonis­tas tienen el recuerdo amargo de la derrota. Aquel año sufrieron el rechazo de las cuentas (por la negativa de los partidos independen­tistas catalanes a prestarles su apoyo) y lo demás ya es una historia conocida que terminó con los españoles en las urnas. Cuentan que, por eso, los nervios atenazan ahora al PSOE para lograr cerrar un acuerdo con Gabriel Rufián o con Inés Arrimadas: no podrían resistir otro varapalo. Con el guion financiero de la legislatur­a rechazado, el camino a elecciones podría quedar marcado. Felipe González y el propio Sánchez, los dos únicos presidente­s de la democracia que han visto sus presupuest­os devueltos por la Cámara Baja, lo saben.

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C. PASTRANO Una diputada vota durante una sesión en el Congreso
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