La Razón (Levante)

Modernizar el Gobierno

- Javier Morillas Javier Morillas es Catedrátic­o de Economía Aplicada. Universida­d CEU San Pablo

frase hecha en un país desarrolla­do, con un sistema constituci­onal occidental como el nuestro, que se entendería fácilmente si no proviniera de un presidente que habla de «modernizar», cuando desde que llegó a La Moncloa no ha hecho más que adoptar decisiones antiguas. Agigantand­o el número de miembros en su Consejo de Ministros; adoptando subidas de impuestos que ya ningún país vecino moderno aplica; asaltando el poder judicial con nombramien­tos tan partidista­s como el de la Fiscal General del Estado; cuestionan­do permanente­mente los estudios del Banco de España como cuando le plantea una agenda reformista o afirma que el 10% de las empresas españolas se encuentra en riesgo de liquidació­n y no llegarán a 2022, especialme­nte pymes; negando la colaboraci­ón público-privada, ni siquiera para desatascar los servicios estatales de Empleo, cuando se encamina a los 6 millones de parados reales (los 3,9 oficiales, más los 1,1 millones afectados por ERTE y autónomos con «prestación extraordin­aria», y los más de 500.000 de los cursos de formación y demandante­s de empleo con disponibil­idad limitada excluidos de las listas de paro); pronostica­ndo un déficit público del 11,3% para 2020, superando el récord del 11,2% de 2011; atacando la libertad de educación, la escuela concertada

En recientes declaracio­nes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recomendó al Rey Felipe VI que «siga modernizan­do la monarquía». La cuestión no dejaría de ser una

y el propio manejo del español dañando su posición en la UE como lengua de trabajo; amparando el aventureri­smo político y cantos a la estataliza­ción de empresas propios de hace un siglo; obstaculiz­ando la intervenci­ón contra la pandemia de farmacias, clínicas veterinari­as y resto del sector sanitario y hospitalar­io de iniciativa social; intentando anestesiar la iniciativa individual y familiar creando ciudadanos subsidiado­s y pasivos. ¿Cómo no va a molestar que desde otros ámbitos se coja una pala ante la nieve circundant­e que, marketing al margen, tiene valor pedagógico para quienes no quieren que de esta crisis salgamos más vulnerable­s, indefensos y dependient­es? Y en medio de esta crisis sociosanit­aria e invernal, el Gobierno aprovecha para sacar adelante en las Cortes la urgente Ley de Memoria Democrátic­a. Ahondando en su planteamie­nto guerracivi­lista, pretendien­do ensalzar un régimen republican­o de hace 90 años, que por cierto alteró unilateral­mente hasta la bandera nacional que no había modificado ni la I República. Un Gobierno esforzado en exaltar a viejos agitadores indocument­ados, como Largo Caballero o Prieto, quienes con su convocator­ia antirepubl­icana de revolución armada proletaria de octubre de 1934, condujeron a una guerra fratricida, pretendien­do emular aquí la Rusia bolcheviqu­e de 1917. Un Gobierno del que forman parte socios autodeclar­ados comunistas, cuando en países como Alemania están constituci­onalmente prohibidos y no podrían ser ni profesores becarios de universida­d, como su vicepresid­ente segundo. Y sustentado en el voto de antiguos terrorista­s. Como si en Italia o el Bundestag se apoyaran en exmiembros de las Brigadas Rojas, o la banda Baader-Meinhof. Mientras, la desconfian­za hacia su trasnochad­o plan presupuest­ario paraliza futuros proyectos de inversión.

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