Los empresarios estudian un recurso contra el aplazamiento de las catalanas
Foment y Pimec reúnen hoy a sus direcciones para estudiar la opción de un recurso
La nueva fecha fijada para las elecciones catalanas ha suscitado el descontento de cuatro partidos políticos (PSC, PP, Vox y PDeCat), pero, sobre todo, ha levantado una gran indignación entre los agentes sociales. Los sindicatos (CC OO y UGT), por el momento, se han limitado a mostrar su discrepancia, mientras que los empresarios (Foment del Treball y Pimec) ya están dispuestos esta semana a ir un paso más allá y estudiar un posible recurso, tal y como avanzó ayer este diario.
La principal patronal catalana, Foment del Treball, ha convocado hoy un Comité Ejecutivo extraordinario para valorar qué hacer. La organización que preside Josep Sánchez Llibre considera que las elecciones se han aplazado de forma «arbitraria, aleatoria e injustificada» y pone el grito en el cielo ante la prolongación de la parálisis política que puede conllevar tres meses y medio más de Govern en funciones. Y es que, entre otras cosas, Cataluña se quedará sin presupuestos para 2021 en plena pandemia.
Sánchez Llibre afirmó ayer en «TV3» que hay «mucha desesperación» entre empresarios de sectores como la hostelería, la restauración, el comercio, el deporte o la cultura, muy afectados por la pandemia. Por ello, aseguró que ahora Cataluña necesita un «gobierno sólido y fuerte» que pueda hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria. «Nos sentimos defraudados, menospreciados e impotentes», criticó Sánchez Llibre, que en los últimos días también ha pedido al Gobierno 50.000 millones de euros para inyectar liquidez a las empresas, que luchan por su viabilidad.
Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa en Cataluña, se reunirá también hoy –estaba previsto que lo hiciera el jueves– para valorar si toma o no medidas frente al aplazamiento. El margen para presentar un recurso contra el decreto del Govern es de diez días –es decir, hasta el 29 de enero– por la vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por su parte, los principales sindicatos tampoco comparten prolongar una legislatura que Quim Torra dio por agotada el pasado 29 de enero de 2020 en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat. En este sentido, CC OO Cataluña, presidida por Javier Pacheco, respeta las «decisiones políticas» del Govern y los grupos parlamentarios y, por tanto, no llevarán el aplazamiento a los tribunales, aunque sí tienen previsto presentar en los próximos días un plan alternativo para hacer frente a las consecuencias que genera la parálisis de un Govern en funciones. «Respetamos la legitimidad también de quien decide llevar el aplazamiento a los tribunales», sostienen desde CC OO, en alusión a Foment.
Más allá de los agentes sociales, también se espera que algunos partidos tomen la palabra en los próximos días, aunque, de momento, se están caracterizando por la prudencia y la timidez ante el temor a quedar señalados por el electorado. Si bien, también cabe destacar que, en las últimas horas, epidemiólogos con proyección pública se han descolgado con pronunciamientos en contra de la nueva fecha escogida del 30 de mayo. Por ejemplo, Oriol Mitjà –próximo a JxCat–, que apuesta por marzo o abril ante la posibilidad de que finales de mayo pueda haber un nuevo pico de contagios; o, Salvador Macip, que también defiende unos comicios lo más pronto posible ante un «mayo incierto».
En este sentido, el PSC es el partido que más dispuesto parece a dar la batalla jurídica ante el Govern y está estudiando un recurso. Vox también ha afirmado que está sondeando acciones legales, pese a que admiten internamente el difícil recorrido legal de un recurso porque prevén que podría alargarse mucho su resolución.
En este sentido, se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC), ante el TSJC o ante la Junta Electoral Central (JEC). Si el Gobierno recurriera ante el TC –opción muy remota–, el decreto quedaría suspendido de inmediato. La vía que más se ajusta a las actuales circunstancias es la del TSJC, porque la JEC solo responde a infracciones cometidas durante los procesos electorales y en base a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
Lo cierto es que el retraso de las elecciones ha tenido base epidemiológica, pero también cobija intereses partidistas. Sobre todo ha sido notorio en Podemos, Ciudadanos y la CUP, partidos con malas expectativas electorales que han apoyado el aplazamiento, mientras que en JxCat entran en juego muchos más matices porque ha habido voces contrapuestas en los últimos días. La candidata Laura Borràs era partidaria de mantener la fecha ante el temor al avance de su causa judicial, pero en el entorno de Carles Puigdemont no han visto con malos ojos esta suspensión que permita a JxCat remontar al calor del desgaste de Esquerra.