Una controversia en manos de los jueces
¿Vulnera Castilla y León el decreto de alarma?
El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el Ejecutivo de Castilla y León, que dirige una coalición del Partido Popular y Ciudadanos, se ha saltado el estado de alarma al adelantar a las 20.00 horas el inicio del toque de queda. Y por eso ha encargado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión del presidente de esta Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP). Por su parte, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León discrepan con la interpretación del Ejecutivo de PSOE y Podemos ya que consideran que en el momento en que se autorizó la prórroga del estado de alarma se acordó la modificación de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, por lo que ya se permite a las regiones flexibilizar los horarios de confinamiento.
¿Que analizará el Tribunal Supremo?
los servicios jurídicos del Estado, que con toda probabilidad reclamarán como medida cautelarísima la suspensión inmediata de la normativa de Castilla y León que adelanta el toque de queda a las 20.00 horas. El Gobierno central recuerda que el artículo 5 del Real Decreto 926/2000, que declaró el estado de alarma, determina que el horario en el que se limita la libertad de circulación de las personas va de las 23.00 horas y 6:00 horas. No obstante, esta norma prevé que las Comunidades Autónomas puedan adelantar la limitación a las 22:00 horas. «Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada», señala el comunicado hecho público por la Presidencia del Gobierno central.
¿Puede haber denuncias?
La Delegación del Gobierno de Castilla y León ha informado que entre las 20.00 horas y las 22.00 horas del sábado se levantaron en esta Comunidad Autónoma 24 actas por «incumplimiento de la restricción de movilidad nocturna», según informa la Agencia Efe. Además, un vecino de Ávila presentó este sábado una denuncia ante la Policía Nacional contra el presidente de Castilla y León al entender que puede haber cometido un delito de prevaricación por aprobar el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde, sin atenerse al decreto del estado de alarma. Sin embargo, hasta el momento tanto la Fiscalía como los tribunales han rechazado investigar a los diferentes Gobiernos, tanto al central como a los autonómicos.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberán decidir en 48 horas sobre el recurso que presentarán