Iglesias se jacta de obligar a Escrivá a rectificar el cálculo de las pensiones que envió a la UE
El ministro asegura que la ampliación de los años de cálculo «no existe», pese a que está en las reformas enviadas a Bruselas
La apuesta de máximos sobre la reforma de las pensiones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, le ha salido torcida. Tanto que el también titular –sobre todo– de la Seguridad Social ha tenido que recular y atribuir a una campaña «narrativa de confrontación creada artificialmente a partir de una realidad que no existe» la no inclusión de la ampliación del cálculo de la pensión en diez años –de los actuales 25 años a 35 años, lo que implicaría un recorte general de las futuras pensiones– en el listado de posibles reformas a acometer por España remitidas a Bruselas.
La negativa frontal de Podemos a apoyar cualquier ampliación del periodo de cálculo y de los sindicatos –que anunciaron movilizaciones entre otras cosas para frenar este recorte de las pensiones– han forzado a Escrivá a blanquear la propuesta hasta hacer desaparecer como por arte de magia la ampliación a 35 años. Tanto se difuminó la medida que José Luis Escrivá negó ayer la mayor en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. «Es un tema que no existe, que no ha existido ni va a existir», manifestó ante las reiteradas preguntas sobre las informaciones publicadas al respecto. Visiblemente molesto, el ministro aseguró que las dos interpretaciones ante esta «narrativa» a la que «ustedes se han agarrado son la benévola, que se vieron algunos números, algunos papeles, se sacaron de contexto y alguien no se enteró muy bien, o la malévola, que alguien le interesaba crear una narrativa distorsionada o intoxicada para dar una sensación de confrontación».
Contemplada en un primer borrador de reformas de la Seguridad Social, que circulaba desde diciembre pasado, la «extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación» pretendía «profundizar en la reforma de 2011». «Se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas», se indicaba en el borrador de reformas. El objetivo que se argumentaba para estudiar esta ampliación a 35 años era «aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son menos excepcionales».
El documento exponía que el cambio de la base reguladora de 15 a 22 años en 2019, incidió en el 52% de las altas de 2019 y la reducción media de la pensión fue del -3,9%. «De esta forma, a medida que transcurran los años, la medida tendría impacto en un mayor número de nuevas pensiones y también la reducción media será mayor».
De hecho, el cálculo medio aumentaba el recorte más allá del 5% estimado en la anterior ampliación a 25 años. «El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 años supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización».
Finalmente, el Gobierno ha plateado a Bruselas la «adecuación de las carreras de cotización» dentro de nueve puntos de reformas sobre el sistema de pensiones, entre las que también figura «una adecuación gradual de las bases de cotización máximas». «Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual (...) el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional».
La propuesta de ampliación del periodo de cotización permanece en el horizonte aunque sin que se detalle en cuántos años y cómo se realizará. «Estamos haciendo cálculos y todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Nos va a llevar unos cuántos meses», reconoció al fin Escrivá.
Al margen de esta polémica, Escrivá, anunció que quiere terminar con la jubilación obligatoria, un mecanismo «anómalo» que impide que un trabajador pueda continuar trabajando voluntariamente más allá de la edad legal y que no existe en otros países europeos.
«Menos años de pensión»
Durante su intervención en un foro sobre fondos europeos organizado por la escuela de negocios Deusto, el ministro explicó que esta es una de la líneas en las que trabaja su departamento para lograr acercar la edad real de jubilación (actualmente en los 64,5 años) a la edad legal (67 años en 2027) y hacer sostenible el sistema de pensiones. En su opinión, en lo que hay que trabajar es alcanzar el equilibrio con «menos años de pensión y más años de cotización».
En este sentido, insistió en la posibilidad de hacer un pago en el momento de la jubilación a cambio de demorarla y permanecer más tiempo trabajando, lo que «se puede diseñar» y «es muy deseable» para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
«Hay que incentivar a las personas que quieren trabajar más años, incluso recibiendo cierta parte de su pensión», apuntó, explicando que las encuestas muestran la disposición de los trabajadores a retrasar la salida del mercado laboral recibiendo en ese momento una cuantía «en un único pago».
Escrivá apuesta también por desterrar completamente la jubilación anticipada voluntaria que, según dijo, «no está bien diseñada» y «no desincentiva suficientemente» dejar de trabajar dos años antes de la edad legal, así como actuar para premiar el retiro demorado, cuyo modelo es «muy imperfecto».