Reclamaciones millonarias de los hosteleros, pendientes de la Audiencia Nacional
La patronal pretende demostrar la ilegalidad de las restricciones
La tercera ola sigue su curso imparable con una incidencia acumulada cercana a los 800 casos y tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han endurecido las restricciones para reducir al mínimo las relaciones sociales, con severas acotaciones horarias y de movilidad a la hostelería y el comercio. Estas restricciones irán a más con la posible ampliación del toque de queda a las 20:00 horas en muchas regiones que ya lo han solicitado, siguiendo los pasos de Castilla y León.
Ante esta situación de «acoso y derribo injustificado» contra la hostelería, las patronales del sector, a través de su matriz Hostelería de España, han unificado en la Audiencia Nacional una demanda contra la orden ministerial de Sanidad del 14 de agosto –en la que se autorizaron recortes horarios y cierres preventivos de bares, restaurantes y locales de ocio– para que se decrete la nulidad de sus resoluciones basándose, entre otros argumentos, en la «falta de justificación sanitaria».
Su intención es lograr la nulidad del conjunto de las resoluciones impugnadas por las distintas patronales territoriales –presentadas en todos los juzgados regionales–. La patronal basa su demanda en los propios datos oficiales publicados por Sanidad, que acreditan que la hostelería «no es el foco de la pandemia», ya que su incidencia de contagio se sitúa en el 2,3%.
Según fuentes empresariales, este procedimiento busca «cerrar el círculo» de todos los recursos que se han ido interponiendo en cada comunidad autónoma ante los tribunales de Justicia contra las medidas adoptadas por los gobiernos regionales, quedando así cubiertas judicialmente todas las posibles vías de reclamación y forzar a la Audiencia Nacional a que decida si las restricciones horarias y los cierres de la actividad
El sector basa su demanda en los datos de Sanidad, que acreditan que sólo es responsable del 2,3% de los contagios por Covid
de la hostelería «son justificadas o pueden considerarse nulas», con lo cual podrían ser declaradas ilegales y abrirse un abanico de reclamaciones judiciales y económicas multimillonarias.
Esta demanda, presentada el pasado 15 de diciembre por el bufete Écija, pretende demostrar que todas las medidas tomadas para restringir la actividad de la hostelería «no tienen un refrendo legal». La abogada Maite Royo entiende que a la demanda presentada le avalan otras decisiones judiciales que ya les han dado la razón con anterioridad, como es el caso de los tribunales de Aragón, que concedieron medidas cautelares a las restricciones aprobadas. «Hemos presentado suficientes argumentos médicos, científicos y jurídicos como para demostrar que las medidas que se han acordado contra la hostelería no son proporcionales a las circunstancias de cada territorio». Este equipo jurídico ha expresado su confianza en que la Audiencia Nacional acepte los argumentos jurídicos esgrimidos. «Su sentencia daría soporte legal para que los hosteleros pudieran reclamar, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial, las indemnizaciones y pérdidas que hubieran sufrido por culpa de estas restricciones», ha apuntado Cristina Llop, del mismo bufete. Una sentencia a su favor abriría la puerta a miles de reclamaciones multimillonarias que ni las comunidades ni el Gobierno podrían afrontar.