Prohibición de las reuniones con no convivientes
El Consell tiene previsto publicar hoy el decreto, a la espera de que la Abogacía lo ultime
El decreto del president de la Generalitat, Ximo Puig, que limitará las reuniones a las unidades de convivientes busca «aplicar el sentido común», más allá de imponer «una restricción legal», pues «prohibir es muy difícil y no estamos en un estado policial».
Así lo aseguró ayer Puig, antes de participar telemáticamente en el Comité Federal del PSOE, y avanzó que probablemente el decreto se presente hoy domingo, «si se acaban los estudios que está realizando la Abogacía de la Generalitat para ver el encaje legal de la medida».
«Lo que queremos es mandar un mensaje claro a la sociedad. Y es que ahora lo prioritario es suspender las relaciones sociales que forman parte de nuestra manera de ser», aseguró Puig, quien instó a estar «lo más aislado posible de relaciones sociales que no sean las cotidianas».
Señaló que desde la Generalitat se traslada la «indicación clara» de que no se produzcan esos encuentros, pero finalmente todo depende de la «asunción de la responsabilidad de cada uno».
«No vamos a instar a la Policía a que haga ningún tipo de actuación, obviamente», aseguró el president, quien reconoció que imponer sanciones es «muy complejo» y dijo que no quieren que se tenga la idea de que pretenden «avanzar a un estado policial ni poner a las Fuerzas de Seguridad en un brete que no se merecen».
Puig destacó que en estos momentos estamos en una situación de «semiconfianamieto» y aseguró que «si todos hacemos lo que tenemos que hacer vamos a superar la pandemia».
En este sentido, no cree que un confinamiento total sea la solución «desde el punto de vista social y desde el punto de vista de los daños psicológicos asociados», y confió en que las medidas adoptadas permitan superar la curva.
No obstante, aseguró que todas las decisiones se tomarán vinculadas al interés general, y se adoptarán «siempre desde la prudencia y la serenidad».
«No habrá segunda dosis»
Con respecto a las personas que se vacunaron de manera irregular, el presidente mantiene su opinión de que estas personas «no reciban la segunda dosis», aunque recordó que será una decisión que tome Salud Pública.
«En este momento de gran escasez de vacunas, la prioridad absoluta son las personas vulnerables y cuando se vacuna por segunda vez a alguien que lo ha hecho de forma irregular se le está quitado la primera vacuna a una persona que es vulnerable y se lo merece», afimó antes de participar telemáticamente en el Comité Federal del PSOE.
Para Puig, «no se trata de desperdiciar nada, se trata de que aquellas personas que tienen prioridad, la tengan realmente» porque «esa segunda vacuna es la primera de una persona que, si se le pone ahora, tendrá en un mes inmunidad».
Por tanto, añadió, «se le está hurtando a esa persona la posibilidad de ser inmune», y señaló que probablemente cuando les toque vacunarse a las personas que lo han hecho irregularmente, «habrá muchas más vacunas y no será como en este momento de angustia tan enorme que tenemos por la falta de suministros».
Puig afirmó que se trata de un debate ético, en el que él no tiene por qué tener la razón, pero insistió en que para él lo importante es que la vacunación «se haga desde una visión ética y sin atajos».
Sobre los alcaldes socialistas vacunados, señaló que el partido los ha suspendido de militancia y está tratando de que se aparten de sus cargos, pues es necesario asumir responsabilidades.
Consideró necesario pedir perdón, como sistema, por las irregularidades en la vacunación, pero remarcó que eso no «no puede en absoluto nublar el trabajo enorme de los profesionales de la sanidad, que han conseguido vacunar a más de 105.000 personas en estas semanas».
Preguntado por si la segunda dosis de la vacuna está garantizada, tras los problemas de suministro de Pfizer, el president dijo que así lo ha trasladado el Ministerio, aunque subrayó que no se puede mantener el ritmo de vacunación que tenía la Comunitat Valenciana si no llegan más dosis.