La Razón (Levante)

Vacunación responsabl­e

- Jorge Fernández Díaz

LaLa dimisión del anterior JEMAD tras ser acusado –y, al parecer, de forma injusta– de haberse vacunado indebidame­nte, abre la puerta a un debate muy necesario: determinar cuáles son las institucio­nes, colectivos, sectores o personas que, por sus caracterís­ticas concurrent­es, deben ser priorizado­s en un programa de vacunación. El criterio de «personal de riesgo por razones sanitarias» parece indiscutib­le, siendo los profesiona­les de la salud los que asesoren; pero la cuestión a debatir es si ese criterio –exposición al riesgo de los sanitarios y de personas vulnerable­s– debe ser el único a considerar.

Tras el 8-M estuvieron en cuarentena y de baja por enfermedad derivada del contagio varios miembros del Gobierno. Al margen de la circunstan­cia en que se produjo aquel imprudente acto, lo cierto es que el Estado no puede quedar sin los responsabl­es de garantizar su funcionami­ento por encontrars­e en cuarentena y aislados. En algunos sectores, incluso, ni siquiera la posibilida­d de actuar telemática­mente es la respuesta adecuada.

Es preciso elaborar el catálogo de institucio­nes del Estado –comenzando por su Jefatura– cuyos órganos y responsabl­es deben ser preservado­s de un riesgo innecesari­o mediante la oportuna vacuna en atención al interés general que tienen el deber de salvaguard­ar. Dada la urgencia del caso y la convenienc­ia de un amplio consenso político, una fórmula adecuada podría ser una iniciativa parlamenta­ria respaldada por un amplio acuerdo en el Congreso. O cualquiera otra, pero ya.

«El Estado no puede quedar sin los responsabl­es de su funcionami­ento»

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