UE: los jueces deberían elegir a la mitad del CGPJ
Recuerda a España que sigue «de cerca» la reforma judicial
El Ejecutivo comunitario ha advertido al Gobierno español de que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deben ser elegido por los jueces. Tal y como ha hecho en el pasado, Bruselas recuerda que está «vigilando de cerca la situación» para evitar que salga adelante cualquier propuesta que pueda suponer la politización del sistema judicial español. Esta nueva advertencia se ha producido en una carta enviada por la vicepresidenta de Valores de la Comisión Europea, Vera Jourová a la que el periódico La Razón ha tenido acceso y que supone la respuesta a la pregunta parlamentaria realizada por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua el pasado 16 de octubre.
En su carta, Jourová se refiere de manera específica a la reforma presentada por el Gobierno del pasado 2 de diciembre con la que el ejecutivo español pretende limitar los poderes del CGPJ cuándo se encuentre en funciones. «La Comisión considera que es importante asegurar que cualquier reforma futura del órgano de gobierno gobierno de los jueces tiene en cuenta los estándares europeos relevantes. En particular, la recomendación del Consejo de Europa asegura que «no menos de la mitad de sus miembros deben ser jueces elegidos por sus pares», es decir, por los propios miembros de la Carrera Judicial, asegura la misiva.
El debate sobre esta reforma de ley orgánica tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados y todo indica que Bruselas seguirá ojo avizor sobre los próximos pasos que se tomen en nuestro país. «La Comisión está siguiendo el desarrollo sobre este proyecto de ley así como de manera genérica se sigue comprometiendo con las autoridades españolas en el seguimiento sobre el capítulo referido al dictamen sobre el Estado de Derecho»,
Vocales del CGPJ piden que las recomendaciones de Europa «se apliquen de forma inmediata» para el próximo Consejo
se incide al respecto en la misiva de la vicepresidenta de Valores de la Comisión Europea.
El pasado mes de septiembre, en su primer informe sobre el Estado de Derecho en todos los países europeos, Bruselas mostró su preocupación por el bloqueo en los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces y el vínculo entre la Fiscalía y el Gobierno. Los veinte vocales cumplieron el pasado mes de diciembre dos años en funciones después de que los dos principales partidos del país hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre su renovación.
El ejecutivo de Pedro Sánchez utilizó en parte este informe del ejecutivo comunitario como coartada para culpar al Partido Popular de la parálisis y promover una reforma que suponía un cambio en las mayorías de elección. Lejos de avalar esta iniciativa, llegó el primer aviso de Bruselas. Los portavoces comunitarios aseguraron a mediados de octubre que ese paso suponía ir en la dirección opuesta a lo recomendado en el su dictamen, ya que incrementaba el riesgo de politización del CGPJ, e instaron al Gobierno de Coalición Coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a acudir a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.
«Echar a escobazos»
Esta respuesta desde las instituciones comunitarias no han pillado de sorpresa a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, quienes, en cambio, consideran que «no íbamos tan desencaminados en nuestro acuerdo» cuando el Consejo reclamó que antes de tramitar la reforma que limita sus funciones cuando haya vencido su mandato se pidiese informe al propio CGPJ y al Consejo de Europa.
Precisamente, en el último Pleno del Consejo hubo vocales que defendieron que esa petición constara en el acuerdo, pero en aras de un mayor consenso desistieron de presentar un voto particular concurrente. En todo caso, hay vocales que sostienen que la Recomendación de la UE debería aplicarse ya «para el próximo Consejo, que daría tiempo si se tramitara por vía de urgencia», porque ello contribuiría a mejorar la imagen de de la Justicia española en Europa, que ahora es «desaladora, porque estas recomendaciones nos ponen al nivel de Hungría y Polonia».
En esta línea, otras fuentes del Consejo sostienen que si la reforma que hay sobre la mesa y que afecta al Consejo se realizara «sin tanta prisa» sería algo que podría plantearse y debatirse, pero lo único que da ahora «es la impresión de que se nos quiere echar a escobazos».