Vacunación y ética
Los criterios para establecer el orden en la vacunación y los grupos prioritarios fueron establecidos por un grupo de trabajo del comité de bioética. Estos criterios forman parte del plan de vacunación aprobado por las autoridades sanitarias y afectan a todas las Comunidades Autónomas y al conjunto del territorio, sin que en principio se establezcan excepciones por pertenencia a determinado estamento o desempeño de altas responsabilidades.
Cuando se conocieron los criterios no hubo polémica respecto a los mismos, porque a la inmensa mayoría de la ciudadanía, autoridades incluidas, les pareció muy razonable que se comenzase por las personas mayores alojadas en residencia, para continuar con el personal sanitario que presta sus servicios en primera línea, y seguir con los mayores de 80 años. Son prioridades razonables, llenas de sentido y que atienden a motivos sanitarios, de salud pública, científicos e, incluso, éticos.
La polémica ha surgido posteriormente cuando se ha descubierto que, saltándose los criterios establecidos, determinadas personas han accedido a la vacuna en detrimento de los aquellos que tenían y tienen formalmente prioridad. Esas personas en unos casos han sido políticos, y concretamente alcaldes y alcaldesas, responsables políticos de la sanidad en algunos territorios o militares de alta graduación. En otros casos, alterando el orden preestablecido, se ha vacunado con carácter general a personas que estaban en contacto con centros sanitarios, aunque no estuvieran en primera línea.
Quizás hubiese cabido hacer una reflexión a cerca de la conveniencia de que determinadas personas, que desempeñan altísimas responsabilidades públicas, tuvieran cierta prioridad a la hora de vacunarse. El caso es que el Comité no considero oportuno ni necesario establecer esas prioridades para determinados responsables públicos, y no lo hizo barajando multitud de criterios y después de profundas reflexiones. A partir de ahí no cabe que ningún responsable político o sanitario altere ese orden supuestamente aconsejado por su entorno, aunque lo haga con nueva fe o en una interpretación muy errónea del interés general.
Para mayor escarnio se da las circunstancias de que algunos de los que se han saltado el orden son responsables políticos elegidos por la ciudadanía, que han intentado justificar su actitud en peregrinas razones. Bastante deslegitimación tiene en ocasiones la política como para que en un momento tan crítico como el que vivimos, una minoría de políticos den la razón con su injustificable actitud al hartazgo de la ciudadanía.