La industria del motor, al borde del colapso por los vaivenes del Gobierno
La caída de ventas hace peligrar miles de puestos de trabajo. La subida de impuestos y la falta de estímulos hundirán el mercado en los primeros meses del año
El arranque del presente año está siendo dramático para la industria del motor en España. A falta de las cifras oficiales, que se publicarán mañana lunes, la caída del mercado el día 20 de enero se hundía hasta el 64% respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado. Aunque se maquillen las cantidades en la última semana, todas las marcas dan por seguro que el número de matriculaciones de enero será aproximadamente la mitad que en el mismo mes de 2020.
Los fabricantes se han dirigido en numerosas ocasiones a la Administración en busca de soluciones para paliar esta situación que, de mantenerse, costará muchos miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo. Sin embargo, por el momento, la respuesta siempre ha sido nula. Varios factores han propiciado esta situación de las ventas. Es cierto que las nevadas en algunos puntos de nuestra geografía no han favorecido las operaciones comerciales. Pero, sobre todo, han influido los vaivenes del Gobierno, que han propiciado una tormenta perfecta: la subida de los impuestos de matriculación para más de la mitad de los coches que se comercializan, el fracaso de los planes de incentivos diseñados por el Gobierno y la falta de un plan nacional para el desarrollo de los automóviles eléctricos, tal como mandan las directrices de la Unión Europea.
En el primer punto, la nueva forma de medir las emisiones de gases contaminantes impuesta por la UE hace que muchos de los automóviles que hasta hace unas semanas estaban por debajo de los 120 gramos por kilómetro superen, desde el 1 de enero, esta cantidad y, por lo tanto, dejen de estar exentos del impuesto de matriculación. Una tasa que, por otra parte, es una «antigualla», ya que sólo existe en Francia, Portugal y España. Mientras los gobiernos de nuestros países vecinos decidieron establecer una moratoria para la aplicación de las nuevas mediciones, el español decidió aplicar la nueva tarifa impositiva desde el primero de enero, lo que ha supuesto para más de la mitad de los coches que se venden en España una subida entre el 4,5 y el 17,5% sobre su tarifa total, en función de su nivel de emisiones. Por eso, ahora los coches son más caros que hace un mes y, por lo tanto, se venden menos.
Por otra parte, está el fracaso de los planes de incentivos para la compra de coche nuevo a cambio de achatarrar el antiguo de más de diez años. A diferencia de otros planes anteriores, este Plan Renove salió mal diseñado, ya que las cantidades que se ofrecían eran insuficientes y, además, había que declararlas como ingresos en el IRPF. La consecuencia de esta torpeza es que sólo se han consumido el 16% de los 250 millones de euros inicialmente previstos. Y el Gobierno decidió quedarse con el remanente y no renovar este plan, que podía haber adaptado a la realidad del mercado, abriéndolo a todas las motorizaciones y aumentando la dotación. Por lo tanto, al día de hoy, no hay planes de incentivos para la compra de vehículo nuevo. Y mientras, el parque español va envejeciéndose cada día más y se acerca a los 13 años de edad media, con lo que ello supone de merma de seguridad en las carreteras y de incremento de los gases de efecto invernadero.
Una situación que perjudica a España frente a los objetivos fijados por la UE y que se solucionaría si se incrementaran las ventas de coches eléctricos que, por el momento, sólo representan el 2,1% de las ventas totales. Pero los eléctricos no despegarán hasta que no haya un plan nacional de aumento de las infraestructuras de recarga, con cargadoresdealmenos135Kw de potencia en las principales redes viarias españolas. Actualmente, hay unos 6.500 puntos de recarga y se calcula que harían falta unos 110.000 para abastecer a la demanda prevista en los próximos años.
A través de Anfac y el resto de las asociaciones empresariales, el Gobierno ha recibido varias propuestas para mejorar la situación que, de no arreglarse, provocará miles de despidos, tanto en las redes comerciales –que han visto como las ventas han caído un 32,3% en el pasado año– como en las fábricas –que se verán obligadas a adaptar la producción de la demanda–. Por el momento, no ha habido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo, y los ERTE en los concesionarios se convertirán en ERE en breve. Solo en la distribución, que da empleo a 161.000 personas, sobran, si no aumenta el negocio, unos 30.000 empleos.