Impuestos confiscatorios
«Ventajas de la pluralidad fiscal» fue un artículo publicado en Expansión el 9 de enero de 1996 –y paralelamente en el BICE del Ministerio de Economía– argumentando lo que pensaba iban a ser unas «diferencias saludables» entre comunidades autónomas, frente a quienes criticaban que sus diferentes baremos impositivos acababan con la «igualdad de los españoles ante la Ley». Lo consideraba «económicamente vivificante».
Hoy me ratifico en lo escrito con mayor contundencia. De hecho, casi 45.000 personas renunciaron en 2020 a su herencia ante la imposibilidad de hacer frente al pago del Impuesto de Sucesiones. Un fenómeno en crecimiento cuando en 2012 eran apenas 20.000.
Mientras, el Gobierno sigue buscando la forma de acabar con las bonificaciones de Madrid con iguales ramplones argumentos de quienes lo criticaban hace 25 años. Porque el castigo fiscal que supone en España un mero cambio de titularidad de la riqueza entre familiares y allegados supone un desincentivo al ahorro intergeneracional. También perjudicial para la propia acumulación de capital, tan necesaria en nuestras empresas cuando además necesitamos incrementar el tamaño medio de las mismas para competir mejor en el mercado global, y aumentar su capacidad de autofinanciación e I+D. Es, asimismo, un incentivo para el incremento de la propensión al gasto improductivo improductivo de la población y de sus familias que no encuentran compensación en la abstención en el consumo inmediato, cuando tal esfuerzo no va a poder ser capitalizado por sus hijos o su entorno inmediato.
La situación puede empeorar con la «armonización fiscal» preconizada por ERC y quienes desde Cataluña hacen también de esta forma una enmienda a la totalidad del sentido económico que tenía la figura del «hereu». A quienes por cierto procede llamar «separatistas» (21,9% de los electores catalanes) al serlo de una nación preconstituida. Caso distinto de «independentistas» como los saharauis o los timorenses, que sí gozaron de previa independencia.
El Gobierno intentará impedir que comunidades como Madrid anulen los efectos del confiscatorio impuesto de Sucesiones
En todo caso, el Gobierno intentará impedir que comunidades como la de Madrid anulen los efectos de un impuesto confiscatorio y duplicado, pues ya se pagó con anterioridad en el momento de la adquisición. Y ofensivo cuando en este macrogobierno de 736 altos cargos los gastos discrecionales sólo en publicidad institucional de ministerios como los llamados de Derechos Sociales o Igualdad (sic), contarán con un presupuesto público de 5,9 y 13,8 millones de euros respectivamente.