Iglesias, con el eje de Bolivia y Venezuela
España arde por los disturbios violentos ante el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Barcelona se volvió a convertir en el epicentro de la violencia callejera. Una imagen que se repitió en Valencia y que, presumiblemente, se verá este fin de semana en Madrid. De la noche a la mañana, las calles se han «batasunizado», con el beneplácito expreso del portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que animó a los manifestantes, originando una gran nubarrón político que el partido no ha sido capaz de aplacar al centrar todas sus críticas en la actuación policial.
Si bien los actos vandálicos han tenido repercusión en la Prensa internacional, son pocos los dirigentes internacionales que han valorado la actuación de los anti sistema o el encarcelamiento de Hasel. Entre quienes sí lo han hecho están el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de Bolivia Evo Morales quienes mostraron su solidaridad con el rapero. Maduro salió al rescate de sus compatriotas de Podemos, afirmando que la captura del rapero «ha alarmado a la comunidad internacional» e intentó justificar las letras a favor del terrorismo alegando que el rap «es un género de música rebelde, crítica, necesaria». Curioso es que un líder autoritario como el venezolano defienda al rapero. Dicho sea que Maduro también alentó a la guerrilla chavista contra las protestas en 2017. Tras el tuit de Echenique, el ejemplo internacional de algo parecido es lo sucedido en EE UU con la toma de Capitolio por parte de los seguidores del ex presidente Donald Trump. De hecho, la irrupción violenta en Washington alentada por el entonces presidente fue comparada por la oposición con la manifestación «Rodea el Congreso» que tuvo lugar durante la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Mismo esquema, distinto escenario.
Expertos constitucionalistas consultados por LARAZÓN coinciden en reprochar la actitud del portavoz del partido minoritario del Gobierno y reclaman una mayor rotundidad a Pedro Sánchez. En este sentido, Ibor Fernándes, profesor de derecho Constitucional en el CEES Cardenal Cisneros asegura que «desde luego es una novedad en el ámbito del Estado de Derecho. Es cierto que tenemos un antecedente reciente en EE UU, cuando el presidente saliente participó en un acto en el que se arengó a las masas para asaltar al congreso de Estados Unidos». Respecto a la posibilidad de que el tuit incendiario de Echenique pueda ser considerado un delito asegura que «la actuación de determinados miembros del gobierno, o del grupo parlamentario que lo aupó, puede ser constitutiva de delito». Añade que «en el caso de los diputados, tendría que mediar suplicatorio para imputarlos, pero, sin duda es posible hacerlo. Lo que no tiene sentido es que parte del gobierno, ataquen de este modo a otros poderes del Estado. Sin duda debería tener una repercusión política». El experto constitucionalista se refiere a la destitución de ciertos ministros que vienen de Podemos ya que «no tiene sentido» que el Gobierno esté conformado por ministros que «apoyan atacar al propio gobierno o a otros poderes del estado como es el poder judicial».
De la misma opinión es José Manuel Vera Santos,Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y editor de www.constitucionparatodos.com, quien recuerda el principio básico por el que se rige cualquier servidor público es el de guardar y hacer guardar el ordenamiento jurídico. En este sentido, el experto apunta a un artículo de la Constitución Española que ampara una actuación contundente del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata del artículo 100 de la CE que establece que el presidente nombra y cesa libremente a los vicepresidentes y a los ministros. En su opinión, Sánchez «lo tiene muy fácil» si quiere actuar ante este atentado contra el orden constitucional. Además, se remite al artículo 124 de la Carta Magna que dice expresamente que «el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Es decir, para el experto es una anomalía democrática el hecho de que la Fiscalía no haya actuado tras el tuit de Echenique por alentar los disturbios. «Si queda rastro democrático dentro de la Fiscalía o dentro del Gobierno deberían actuar», asegura. Vera insiste en que «todo esto empieza cuando el PSOE decide pactar con independentistas y con comunistas que lo único que quieren, como han dicho públicamente, es acabar con el régimen del 78» y añade que «la Democracia española está en peligro si no actúan las instituciones, y las instituciones que tienen que actuar son el Presidente del Gobierno expulsando inmediatamente del Gobierno a Podemos, salvo que rectifique, y la Fiscalía General actuando de oficio ante esta situación».
Por su parte, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Villar, sostiene que «incitar a la violencia es un delito que está recogido dentro del Código Penal y que nada tienen que ver con la libertad de opinión y libertad de expresión que denuncia el rapero Hasel». Villar va un paso más allá y cita la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos en su artículo 9 que señala que una formación «será declarada ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos». En este sentido, se refiere a lo recogido en el apartado i) donde apunta a esta posibilidad en caso de que un partido «da cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia». «Yo no sé quiénes son los que quemaron contenedores y lanzaron piedras, pero lo que sí es cierto es que Echenique ha dado cobertura a eso. Y eso no es admisible en un partido político, y doblemente inadmisible, si además ese partido político forma parte del gobierno», concluye el experto.
No tiene sentido que parte del Gobierno ataque a otros poderes del Estado
Evitar la condena a la violencia puede vulnerar incluso la Ley de Partidos