Llarena planea ir a la Justicia europea para revisar las euroórdenes

El instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, concedió ayer tres días de plazo al fiscal, a las demás partes acusadoras y a los abogados de los procesados que se encuentran en situación de rebeldía –Carles Puigdemont, Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí– para que formulen alegaciones sobre la necesidad de dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para plantear una cuestión prejudicial sobre el alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una orden de detención y entrega europea, de acuerdo con la Decisión Marco de la UE que regula esos aspectos, para poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas Órdenes Europeas de Detención contra todos o algunos de los procesados en la causa.

En una providencia, el juez explica que la autoridad judicial de ejecución belga le ha comunicado oficialmente el 1 de febrero su decisión, firme, de denegar la entrega del procesado Lluis Puig, acordada en sendas resoluciones de agosto de 2020 y del pasado enero.

Considera que la interpretación del Derecho de la Unión y de las normas de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga, que ha denegado la entrega de Puig, «discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo, y que la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos en el país de ejecución, sino en todos aquellos donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro».