El TC alemán amenaza con retrasar la puesta en marcha de los fondos europeos
El Alto Tribunal debe deliberar sobre un recurso de ciudadanos euroescépticos
El Tribunal Constitucional de Alemania frenó ayer la ratificación del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros con el que la UE quiere impulsar su economía tras la pandemia. Una decisión que supone un nuevo sobresalto para Bruselas y que deja en el aire la fecha de la llegada de las ayudas europeas. La decisión de la corte implica que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, no podrá suscribir la ley, aprobada el jueves por el Parlamento. Una legislación clave para el inicio de la puesta en marcha del plan anticrisis porque es la que permite a la Comisión Europea emitir la deuda con la que financiará la recuperación.
El motivo de la paralización es que los jueces del Alto Tribunal alemán deberán resolver antes un recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes, entre ellos un grupo de euroescépticos conocido como «Alianza de la Voluntad del Ciudadano», que cuestiona la legalidad del fondo de recuperación, que prevé la entrega a España de 140.000 millones de euros. La demanda por el procedimiento de urgencia fue presentada por un grupo de economistas en torno al político Bernd Lucke, ex líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). Lucke fundó esa formación en 2013, entonces como partido eminentemente euroescéptico. Lo abandonó poco después, al dar el partido un giro claramente xenófobo, tras lo cual ha impulsado sucesivas formaciones minoritarias.
En declaraciones a la Prensa, Lucke aseguró ayer que el fondo de recuperación «no cumple con los tratados de la UE» y podría «conducir a la unión fiscal» del bloque, lo que «violaría la Constitución alemana al limitar los poderes presupuestarios del Bundestag».
Poco antes, el ministro federal de Finanzas, Olaf Scholz, manifestó su optimismo de que la resolución de recursos propios superaría los últimos obstáculos y se convertiría en ley.
Los jueces alemanes no han dado plazos sobre su futuro veredicto, pero sus decisiones sobre asuntos similares se prolongaron hasta tres meses, según fuentes diplomáticas alemanas. Esto supone que la UE no podrá cumplir su meta de que todos los Estados miembros hayan ratificado el plan para finales de abril. El parón supone un nuevo golpe a la puesta en marcha del fondo de recuperación de 800.000 millones que tanto necesitan las economías que más sufren los efectos de la pandemia, como España o Italia. De hecho, el Ejecutivo comunitario no puede acudir a los
Para que Bruselas empiece a desembolsar el dinero, es necesario que el texto sea ratificado por todos los socios de la UE
mercados de deuda hasta que la Decisión de Recursos Propios de la UE haya sido aprobada en los veintisiete parlamentos nacionales. Por el momento, solo ha sido ratificado completamente en Bulgaria, República Checa, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal y Eslovenia.
En la capital comunitaria reina la prudencia. Es difícil vaticinar si nos encontramos ante un mero contratiempo de unas semanas o ante un serio revés a la recuperación recuperación económica europea, a la hora de hacer frente a los estragos ocasionados por la pandemia de coronavirus.
En Bruselas, no es la primera vez que los fallos del tribunal de las togas rojas de Karlsruhe causan un sobresalto. El Alto Tribunal alemán ya se pronunció en 2012 sobre el fondo de rescate europeo (MEDE) en un veredicto que llegó tan solo en unas semanas e incluso desafió una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE al pronunciarse en contra de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Aunque este fallo no llegó a tener consecuencias prácticas, desencadenó toda una tormenta política, ya que alentaba la desobediencia de los dictados del alto tribunal europeo y abría la caja de pandora para Polonia y Hungría.
En todo caso, los planes de Bruselas consistían en que el proceso de ratificación de todos los Estados miembros se hubiera completado con el suficiente tiempo de antelación para que el dinero pueda comenzar a fluir a partir de la segunda mitad del año. Los países europeos disponen hasta el 30 de abril como plazo máximo para enviar sus planes de inversiones y reformas, que deben recibir el visto bueno de las autoridades comunitarias. Aunque el Gobierno español está en permanente contacto con la Comisión Europea y ha enviado ya los puntos maestros de la propuesta, aún se desconoce cuándo remitirá a la Comisión Europea el documento definitivo, ya que aún quedan algunos flecos pendientes.
Bruselas no oculta su preocupación por los retrasos de algunos países. Las acusaciones son mutuas, ya que algunas capitales se han quejado en las últimas semanas de que el Ejecutivo comunitario no les ha orientado con suficiente tiempo sobre los requisitos de estos planes y les pide un gran grado de detalle a la hora de poder verificar el cumplimiento de los diferentes hitos. No es la primera vez que el plan de recuperación europeo se enfrenta a posibles retrasos. Polonia y Hungría bloquearon su aprobación en diciembre por la introducción de un mecanismo para supeditar el desembolso de los fondos al respeto al Estado de Derecho.