Un plan de ayudas directas «discriminatorio»
Autónomos y pymes cargan contra el Gobierno por el reparto y las condiciones de los fondos, ya que no tienen en cuenta el tejido empresarial ni el número de autónomos en cada autonomía. Dos millones de empresas se quedan fuera
«No es equitativo, genera distorsión, es discriminatorio y provocará que haya autónomos y empresas de primera y de segunda clase». Esta es solo una de las reacciones contundentes y negativas que surgieron ayer tras la publicación en el BOE de las cantidades que corresponden a cada región de los 7.000 millones de euros de ayudas directas a pymes y autónomos, y de las fórmulas con las que se distribuirán. Esa declaración inicial corresponde a Lorenzo Amor, presidente de ATA, que criticó ambas cuestiones con dureza y denunció que, por ejemplo, las ayudas no alcanzarán a la mitad de los autónomos de Galicia o de Castilla y León, pero sí a la totalidad de los de Baleares. «No tiene sentido».
Según ha decidido Hacienda se tendrá en cuenta una serie de criterios como el indicador de renta de cada comunidad autónoma, el desempleo, el paro juvenil o el número de trabajadores en ERTE. Sin embargo, estas ayudas, nacen restringidas a sectores con una pérdida de ingresos de al menos el 30% en 2020. Eso sí, ascienden a 3.000 euros para los autónomos acogidos al régimen de módulos y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de autónomos y pymes, pero que tendrán que dedicar al pago de deudas.
Sin embargo, los cálculos de Amor son distintos. «Con este reparto nada es equitativo, ya que se podrían conceder 9.400 euros por autónomo en Baleares, 8.800 por autónomo en Canarias, 4.100 en Ceuta pero solo 1.130 por autónomo en Galicia. Es una incoherencia porque todos han sufrido las consecuencias por igual en toda España». Desde ATA advierten de que si el 50% de los autónomos de Galicia o de Castilla y León solicitasen esa ayuda no habría dinero suficiente en su autonomía, pero si lo hacen el 100% de los autónomos en Baleares, aún quedaría dinero.
Esto pone el énfasis sobre que el reparto se ha realizado sin tener en cuenta el número de afiliados al RETA, por lo que unas comunidades agotarán los fondos y no cubrirán todas las peticiones, mientras en otras «puede incluso que sobre». Así lo denunció ayer el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que criticó la falta de sentido del plan del Gobierno por utilizar criterios de reparto que «no obedecen a la naturaleza de las ayudas», es decir, la caída de los ingresos y las deudas contraídas durante la pandemia. Según reprochó, los factores e indicadores utilizados por Hacienda «no se corresponden con el objetivo final de la ayuda, que es aliviar la situación económica de autónomos y empresas, sin distinción del lugar dónde operen. Lo que debería tenerse en cuenta es el número de autónomos de cada zona». Para Abad, la fórmula utilizada está «totalmente equivocada porque daña y causa un perjuicio enorme a regiones que tienen un nivel de envejecimiento de la población alto y, por lo tanto, niveles de desempleo juvenil bajos».
Por su parte, la patronal Cepyme ha denunciado que, según están planteadas las exigencias del plan gubernamental, más de dos millones de pymes quedarán excluidas por culpa de los requisitos establecidos.
La orden publicada en el BOE determina que los 7.000 millones disponibles se entregarán a través de un primer compartimento, dotado de 5.000 millones de euros, en el que se encuentran todas las autonomías salvo Canarias y Baleares, y un segundo con 2.000 millones destinado íntegramente a los archipiélagos. Por ello, será Canarias la principal receptora de estas ayudas, con 1.144 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109 millones, y Cataluña, con 993 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% del total de estas ayudas.
El resto de fondos se repartirán con los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU de la Unión Europea. Así, para el primer compartimento se específica que dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada ciudad o comunidad autónoma, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de empleo, que considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado. Otra novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años). En el segundo compartimento de 2.000 millones, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social.
Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a las autonomías en los diez días siguientes a la firma de los convenios.