SENTENCIA HISTÓRICA CONTRA LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Niega que la «Ley Celaá» blinde el catalán como lengua vehicular
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un paso más para suprimir la inmersión lingüística en Cataluña. Tras la histórica sentencia de diciembre que obligaba a todas las escuelas públicas de la autonomía a dar al menos un 25% de las asignaturas en castellano –aunque aún no se ha aplicado–, ahora ha emitido otra resolución en la que aplica ese mismo criterio y tumba dos proyectos lingüísticos de dos colegios que solo contemplaban el catalán como lengua vehicular.
Las dos sentencias, dictadas el pasado 23 de enero, se dieron a conocer ayer y afectan a un centro educativo situado en Barcelona y otro en Abrera (Barcelona). Ambas se convierten en la primera anulación judicial de dos proyectos lingüísticos en Cataluña y, por tanto, tienen una «trascendencia histórica», según la Asamblea por una Escuela Bilingüe, organización constitucionalista de referencia en materia lingüística y liderada por Ana Losada.
La AEB sostiene que la sentencia obligará «a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña». En este sentido, recuerda el estudio publicado en 2019 que indicaba que el 95% de los centros educativos públicos establecen que solo el catalán es la lengua vehicular de enseñanza. El TSJC ha dictado sentencia a raíz de la solicitud de dos padres. La entidad
El TSJC valora el efecto de la reforma educativa e indica que la obligatoriedad del castellano deriva de la Constitución
constitucionalista tiene intención de pedir en los próximos días a la conselleria de Educación que dicte las instrucciones pertinentes para que aplique la resolución dictada ya en diciembre.
El propio TSJC recuerda ese fallo en el que declaraba la «obligación» de la Generalitat a «adoptar las medidas que sean necesarias» de manera «efectiva e inmediata» para que todos los alumnos reciban la enseñanza mediante el uso vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que «no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
Las sentencias también entran a valorar el efecto de la nueva ley educativa, bautizada como «Ley Celaá», muy polémica porque suprimía en su redactado la referencia explícita al castellano como lengua vehicular y trataba de blindar la inmersión lingüística –de ahí el apoyo de Esquerra–. En este sentido, las resoluciones indican que la «obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución» y, por este motivo, la reforma educativa «no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular».
La inmersión lingüística inició su camino en Cataluña a principios de los años 80, durante los primeros gobiernos de Jordi Pujol. El objetivo era situar el catalán como lengua vehicular en todas las escuelas públicas y arrinconar el castellano en la educación, algo que el nacionalismo ha terminado logrando.