OBRAS PÚBLICAS: UN RESURGIR AUPADO POR LA UE
Los PGE de 2021 destinan 11.527 millones de euros a infraestructuras, de los cuales el 41% proceden de los fondos Next Generation. No obstante, este motor de la recuperación no terminará de arrancar sin una legislación que promueva la colaboración público
AunqueAunque parezca irónico, una crisis podría servir para recuperar la inversión perdida en otra crisis. Las infraestructuras siempre han sido un motor tractor para la economía que ahora actuará como palanca para superar los efectos negativos de la pandemia. Pese a su importante papel, buena parte de las infraestructuras españolas se encuentran en mal estado de conservación y otros muchos proyectos llevan años paralizados. La falta inversión pública ha sido el factor común que frena este motor económico desde la pasada crisis de 2008. Tal y como explica Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), en España, la inversión pública en infraestructuras se mantiene en mínimos históricos (en torno al 2%) desde la Gran Recesión. «Ello nos sitúa, nuevamente, con el menor ratio de inversión por habitante habitante de la UE, y con una inversión pública total programada en 20212022, de 56.700 millones de euros, un 64% inferior a la media de las cuatro mayores economías europeas», denuncia.
Los fondos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 vienen a cambiar esta tendencia, aunque aún hay mucho camino por recorrer. «Las infraestructuras, además del beneficio social que generan, tienen un importante impacto económico en la generación de actividad
«La inversión en infraestructuras genera 14 puestos de empleo por cada millón de euros invertido»
«El modelo concesional está desaparecido del panorama de la contratación desde 2012»
económica inducida, equivalente al 92% de la inversión realizada, la más relevante de nuestra economía, y en la generación de empleo directo e indirecto, de 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido», señala a LA RAZÓN el presidente de Seopan. De hecho, una inversión de 100.428 millones de euros, como propone Seopan para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), generaría 1,4 millones de nuevos empleos a tiempo completo (desde 2021 a 2026) y tendría un retorno fiscal de 46.292 millones de euros. No obstante, las cantidades destinadas a infraestructuras para 2021 hacen que este logro quede lejos.
El presupuesto asignado a la política de «Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes» asciende a 11.527 millones de euros, estando previsto que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea aporten a esta política 4.696 millones de euros (el 41%). Es decir, del presupuesto nacional saldrán 6.832 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,3% respecto lo previsto en 2020. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo de esta partida es optimizar las inversiones e incrementar la resiliencia de la infraestructura ante nuevas demandas y retos, a la vez que preservar y proteger el capital natural del país. Su doble vertiente hace que en esta labor participen tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que percibirán 8.030
millones de euros y 3.182 millones, respectivamente.
Por áreas de actuación, la inversión en la infraestructura ferroviaria es la de mayor peso, alcanzando los 4.737 millones de euros, el 41% del total. Las obras en carreteras concentrarán un gasto de 989 millones de euros, junto con otros 1.033 millones para la conservación viaria y 154 millones destinados a Seittsa, la entidad pública creada para la ejecución de infraestructuras de carreteras. A Puertos se destinarán 1.003 millones de euros; en Aeropuertos 1.059 millones; en Hidráulica 766 millones; y en Costas y Medioambientales, 229 millones. Además, en los Presupuestos está prevista la creación del Fondo de Restauración Econológica y Resiliencia que recibirá 1.395 millones de euros.
Sin embargo, «dadas las deficiencias en infraestructuras que existen en nuestro país, las cifras que se conocen de los presupuestos son insuficientes», denuncia María Dolores Ortiz, exdecana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Ortiz estima que el país debería dedicar «unos 1.300 millones de euros al año a la conservación de sus carreteras». «Sin embargo, le dedicamos un 50% de la inversión que se le dedica en los países europeos de nuestro entorno», apostilla, según recoge el informe «ConservacióndecarreterasenEspaña, comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido» promovido por ACEX.
«Los principales proyectos que se deberían acometer después de la crisis que hemos vivido son, sin duda, las infraestructuras sanitarias, las educativas y las relacionadas con el agua, dado el déficit que tenemos en las mismas y que nos está costando sanciones a nivel europeo. También los proyectos relacionados con la movilidad sostenible, como el transporte ferroviario, el metro y las grandes infraestructuras que mejoran la movilidad y reducen las emisiones de gases contaminantes, potenciando el transporte público y la eficiencia energética, como la renovación de los sistemas de autobuses a modos más sostenibles», reclama María Dolores Ortiz.
Para lograrlo, la colaboración público-privada es esencial. No obstante, esta es una necesidad que las autoridades españolas no tienen del todo en cuenta. «La promoción de la inversión privada constituye además otras de las prioridades señaladas por la Comisión Europea en el programa Next Generation. Sin embargo, en España el modelo concesional está desaparecido del panorama de la contratación desde el año 2012 y es imprescindible recuperarlo porque nuestras prioridades sociales de gasto junto con la obligación de reducción de deuda y déficit público público que marcarán los próximos años una vez superada la pandemia, no permitirán que los presupuestos públicos financien todas las inversiones que, en materia de infraestructuras, el país necesita», explica Julián Núñez.
La legislación tampoco lo facilita. «Los proyectos de participación público-privada como las concesiones, donde el sector privado financia, construye y explota la infraestructura, está paralizados desde 2017 a raíz de las limitaciones impuestas por la Ley de Contratos del Sector Público y por la Ley de Desindexación de la Economía, que limita el beneficio a los inversores, lo que ha frenado estos procesos», explica María Dolores Ortiz. Los rendimientos vienen determinados por la tasa de descuento y «actualmente esta tasa se sitúa en el 2,11%, resultando un plazo de concesión imposible para absorber un coste medio de capital de la oferta empresarial que se sitúa en no menos del 7%», aclara Julián Núñez. Por ello, «se deben habilitar mecanismos que faciliten colaboraciones efectivas con el sector privado que aumenten la capacidad financiera, la eficiencia y la sostenibilidad», subraya María Dolores Ortiz.