Iglesias se enfrenta a su primera querella sin fuero
Presentan una denuncia por abandonar a las personas mayores durante la pandemia Le acusan de cuatro delitos que ya no se dirimirán en el Tribunal Supremo
Horas después de que Pablo Iglesias formalizase su salida del Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha presentado una querella contra el ex titular de Derechos Sociales por delitos de lesiones y homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y desobediencia por «abandonar a las personas mayores y más vulnerables» en las residencias durante la pandemia de la Covid-19. La denuncia la interpuso ayer mismo la asociación Abogados Cristianos, que considera que con su gestión el ya ex vicepresidente hizo «caso omiso» del peligro que para la salud pública suponía el brote de coronavirus, contribuyendo así a su expansión.
Horas después de que Pablo Iglesias formalizase su salida del Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha presentado una querella contra el ex titular de Derechos Sociales por delitos de lesiones y homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y desobediencia por «abandonar a las personas mayores y más vulnerables» en las residencias durante la pandemia de la Covid-19.
La denuncia la interpuso ayer mismo de forma telemática en los Juzgados de Collado Villalba (Madrid) –el partido judicial en el que se encuentra el domicilio del líder de Podemos en Galapagar– la asociación Abogados Cristianos, que considera que con su gestión Iglesias hizo «caso omiso» del peligro que para la salud pública suponía el brote de coronavirus, contribuyendo así a su expansión.
«Como responsable de Servicios Sociales, abandonó a las personas mayores y más vulnerables, de forma dolosa, sea directa o eventual», asegura la asociación querellante en la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, puesto que estando informado «de la letalidad» del virus, «no sólo no hizo nada para contener lo máximo posible la expansión de la pandemia, sino que tampoco realizó ningún tipo de previsión, y es más, hasta llegó a alentar y animar a asistir a manifestaciones multitudinarias acordes con su ideología» (en referencia al 8-M del pasado año).
La asociación asume que el pasado diciembre el Tribunal Supremo rechazó la veintena de querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia –aunque acordó remitir las denuncias a los juzgados de Madrid para que las investigasen, en particular respecto a la gestión de las residencias y las muertes de ancianos–, pero considera que con esta denuncia «se estaría dando cumplimiento a lo señalado» por el Alto Tribunal «en lo que respecta a la remisión de las querellas».
Iglesias ha perdido su condición de aforado tras dejar el Gobierno y el acta de diputado (solo el Tribunal Supremo podía investigarle), pero una vez resulte elegido diputado de la Asamblea de Madrid pasará a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que si la denuncia prospera y no se archiva de plano, y el instructor advierte indicios de delito contra el líder morado, debería abstenerse en favor del TSJM. Algo parecido sucedió con el «caso Dina», cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidió al Supremo que imputase a Iglesias, aunque el TS se negó al no ver indicios suficientes y devolvió las diligencias al instructor para que siguiera investigando.
La letrada Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, apunta en la denuncia que Iglesias era «el responsable de paliar el impacto social» de la Covid19 y que, sin embargo, dejó desamparadas las residencias. Y recuerda que el 19 de marzo, en una rueda de prensa, afirmó que desde el ministerio que dirigía «se iba a hacer todo lo posible para paliar la emergencia económicosocial provocada por el coronavirus para que nadie quedase en una situación de desamparo. «Un año después de estas declaraciones –señala–, la pandemia ha segado la vida de 30.103 ancianos» y miles de mayores «han quedado abandonados, muriendo sin atención hospitalaria, solos y con tratamientos paliativos en el mejor de los casos».
Como vicepresidente del Gobierno y titular de Derechos Sociales –se incide en la querella– «es responsable tanto del alto grado de expansión de la Covid-19» como de su «impacto económico y social». Y es que mantiene, además, que «las medidas sociales adoptadas no respondieron a las demandas y necesidades del tejido empresarial de la hostelería en nuestro país», donde –llama la atención– alrededor de 100.000 negocios han tenido que echar el cierre definitivo y la facturación ha caído en más de un 50% en el último año, «provocando la destrucción de más de un millón de empleos» y pérdidas por 67.000 millones de euros.
Respecto a la imputación de los delitos de lesiones y homicidio imprudentes, la asociación querellante afirma que el líder de Podemos «conocía los medios por los que se podían contagiar la enfermedad y las medidas que debía imponer para evitarlo» y atribuye a «la mala gestión, entre otros, del querellado» la expansión del virus en nuestro país.
«Es responsable del colapso sanitario que se ha producido por la Covid-19 y, por lo tanto, es culpable de la situación de abandono producida en las residencias de ancianos y de los pacientes más vulnerables, los cuales se han visto abocados al triaje», sostiene. La asociación querellante también hace referencia a «las lesiones psicológicas que la situación ha causado a un buen número de sanitarios» ante la tesitura de «elegir qué paciente vivirá y a cuál otro han de condenar a la muerte simplemente por no haber respiradores suficientes».
Del mismo modo, le imputa un delito de omisión del deber de socorro, al considerar que era «consciente de la situación de desamparo y peligro en que se encontraban las residencias de ancianos», y otro de desobediencia a la autoridad. Respecto a este último, incide en que tras la manifestación del 8-M del pasado año y el contagio de Irene Montero, Iglesias «prometió cumplir» lo que marca el protocolo de Sanidad: una cuarentena de 14 días. Sin embargo, recuerda, dos días «incumpliendo el protocolo acudió a un Consejo de Ministros y, con posterioridad, se volvió a saltar el confinamiento acudiendo a dar una rueda de prensa a Moncloa».
La asociación querellante atribuye a «la mala gestión» de Iglesias, entre otros, la expansión del virus en nuestro país