NUEVO BANDAZO DE SANIDAD SOBRE LAS MASCARILLAS
Cinco comunidades se muestran en contra del uso obligatorio en espacios abiertos con distancia de seguridad, medida que consideran «descontextualizada» e «incoherente»
La publicación en el BOE de la obligatoriedad del uso de las mascarillas al aire libre –aún cuando exista distancia de seguridad de 1,5 metros– desató ayer un vendaval de reacciones desde diferentes sectores, entre los que se encuentran gobiernos autonómicos y diversas instituciones. Varias comunidades han mostrado su desacuerdo con esta norma, a la que tachan de «descontextualizada» o «incohente», y otras incluso han manifestado su intención de no cumplirla.
El principal problema con este texto radica en que se inscribe en la denominada ley de «nueva normalidad», que entró ayer en vigor, pero que es fruto del trabajo parlamentario a partir del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio del año pasado para tramitarse como proyecto de ley.
En este sentido, hay que destacar la lentitud con la que se ha dado luz verde a esta ley trascendental, después de más de un año de pandemia que se ha cobrado la vida de más de 75.000 personas (según las cifras oficiales) y que ha supuesto una dura prueba para las instituciones y organismos de nuestro país, que podrían haber contado con una importante herramienta para hacer frente a a la crisis sanitaria. Así, en este punto no deja de resultar sorprendente compararla con la rapidez con la que sí se ha tramitado la ley de la eutanasia, casi de «forma exprés» (desde enero del año pasado, aunque se interrumpió con la epidemia), y aprobada el día 18.
La «rebeldía» de las comunidades al uso de la mascarilla en espacios abiertos llegó ayer capitaneada por Baleares. Su consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, declaró que la utilización de cubrebocas en las playas no será obligatoria siempre que haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o para tomar el sol. No obstante, sí será obligatoria en la playa en una reunión (como
La ministra Darias anuncia una mesa de trabajo que revisará la ley de «nueva normalidad» para «armonizarla»
máximo de seis personas) con otro grupo de convivencia.
Desde Cataluña, la consejera de Salud, Alba Vergés, pidió ayer al Gobierno y a los políticos «no confundir» a la población sobre el uso de las mascarillas: «Esto viene del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio de 2020, imaginad si ha llovido desde junio de 2020», exclamó. «Me parece bastante inaudito. Estamos gestionando una pandemia que requiere adaptarnos y ser flexibles, la situación de la pandemia cambia», añadió, y no dudó en tildar la medida de «rémora».
En esta línea se pronunció también el consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, quien admitió que la «nueva normalidad» está «descontextualizada», aunque defendió que la mascarilla continúa siendo el «principal elemento protector» de las personas frente a la Covid junto a la distancia de seguridad.
Otras de las comunidades que mostraron su desacuerdo con el cambio de uso de los cubrebocas fueron la Comunidad Valenciana y Canarias. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que en playas «no debería ser necesario» llevarlas, ya que «los estudios dicen que son espacios seguros». Por su parte, el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, indicó que Canarias seguirá aplicando el uso de la mascarilla como hasta ahora, aunque matizó que en la playa «hay que llevar mascarilla», pero «no siempre».
Ante la polémica surgida sobre este asunto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció una mesa de trabajo en el Consejo Interterritorial para «armonizar, homogeneizar y contextalizar» la ley de «nueva normalidad».
El cambio de criterio en la utilización no ha sido el único aspecto polémico en la actuación del Gobierno sobre las mascarillas. Así, pese a que el Ministerio de Sanidad reconoció en un documento que el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 mediante aerosoles se reduce en un 95% con el uso de mascarillas FFP2, el Ejecutivo se ha mostrado contrario a bajar su IVA del 21%. Por contra, las mascarillas quirúrgicas, cuya protección baja a un 80%, llevan un IVA del 4% tras la fuerte presión social registrada. En el caso de las higiénicas, cuya protección desciende al 70%, también soportan uno del 21%.