Las bonificaciones al alquiler de Ábalos no compensan
Los técnicos de Hacienda desmienten al Ministerio y creen que perjudica a los propietarios
Si la limitación en la que insiste Podemos no parece la mejor vía para que los precios del alquiler no se desboquen, las bonificaciones fiscales ofrecidas por el PSOE tampoco lo parecen. El anteproyecto de Ley de Vivienda plantea reducciones en el IRPF al alquiler de vivienda que van desde un 50% con carácter general hasta un 90% si el propietario recorta un 10% el precio de la renta en aquellas zonas donde se determine que los precios están tensionados. Un sistema que, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) es más acorde a la realidad del mercado español y que, a su juicio, contribuirá a estimular la oferta y contener los precios. Pero el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que es más que cuestionable que la medida logre sus fines porque no es atractiva desde el punto de vista fiscal para los propietarios. Además, añade Gestha, persevera en la regresión fiscal que ya existe beneficiando más a los que más ingresan.
Según los cálculos que han hecho los técnicos de Hacienda, lo lógico es que los propietarios rebajen un 10% la renta del alquiler en las zonas tensionadas si les compensa el efecto real de la reducción del 90% en la base liquidable en el IRPF. Esta rebaja neimplica una disminución del rendimiento medio a declarar del alquiler antes de la reducción, suponiendo que se mantienen constantes los gastos inherentes a ese arrendamiento. Por este motivo, la bonificación del 90% se aplicaría sobre un importe menor. En el caso de un arrendador con unos ingresos de entre 21.000 y 30.000 euros, con un rendimiento medio declarado del alquiler antes de cualquier reducción fiscal de 3.823 euros, la rebaja en el alquiler implicaría una disminución del rendimiento medio a declarar de 477 euros, frente a un ahorro fiscal de 143 euros por beneficiarse de la bonificación del 90%. Es decir, que el saldo negativo para el arrendador sería de 334 euros. Algo que sucedería en todos los tramos de declarantes, con independencia de sus ingresos. En el caso, por ejemplo, de un arrendador con unos ingresos de entre 60.000 y los 150.000 euros, con un rendimiento medio declarado por alquiler de 6.108 euros, el perjuicio de las bonificaciones propuestas sería de 254 euros, según los cálculos de Gestha.
Los técnicos de Hacienda dan por supuesto que el rendimiento neto declarado por alquiler es mayor cuanto más sube el tramo de ingresos totales de cada contribuyente. Entiende Gestha, concordante con la situación sociológica, que aquellos que tienen más ingresos tienen la opción de alquilar mejores viviendas, en mejores condiciones y por las que obtienen más rentas.
Tampoco salen las cuentas si se toma como base el ejemplo de ahorro aportado por el propio Ministerio para justificar la medida. Según el departamento de Ábalos, si un propietario firma un nuevo contrato de alquiler en una zona tensionada reduciendo un 10% la renta anterior, tendría derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración. Es decir, suponiendo un contrato de arrendamiento de 700 euros mensuales, si firma un nuevo contrato por 630 euros, tendría derecho a un beneficio fiscal en IRPF de cerca de 947,94 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta. Ello suponiendo un 30% de gastos deducibles y un tipo efectivo del declarante del 37%, y considerando el rendimiento neto después de impuestos en un supuesto alternativo de incremento de un 3% de la renta.
Pues bien, los cálculos de los técnicos de Hacienda realizados a petición de LA RAZÓN en base a esa misma hipótesis reflejan un resultado distinto. Para Gestha, hay que distinguir dos situaciones, la situación vigente y la planteada de un aumento de la renta del alquiler del 3%. «A nuestro juicio, la comparación correcta debe ser realizada sobre propuesta rebajada y la situación vigente, pues el impacto en la cuota íntegra íntegra es más adecuado si los importes de rentas y gastos son coincidentes». Según el cálculo de ambas situaciones, en la comparación «correcta» sobre propuesta rebajada y la situación vigente el propietario rebaja 840 euros al año y obtiene un beneficio fiscal diferencial de 683,76 euros, por lo que la diferencia neta perjudica al propietario en 156,24 euros. En la comparación «inadecuada» que usa el Ministerio sobre la propuesta rebajada y la situación de aumento de la renta del 3% el propietario gana 1.092 euros y obtiene un perjuicio fiscal diferencial de 947,94 euros, con una diferencia neta que beneficia al propietario en 144,06 euros. «No se alcanza a entender la afirmación de “si firma un nuevo contrato por 630 euros, tendría derecho a un beneficio fiscal en IRPF de cerca de 950 euros al año”», dice Gestha.
Pero la propuesta que ha hecho el Ministerio no sólo no sería beneficiosa desde un punto de vista fiscal. Según Gestha, el sistema ahonda en la regresividad que ya tiene la actual reducción fiscal del 60% que se aplica en este momento al alquiler en el IRPF de manera generalizada. Con la reducción del
60%, los tramos más bajos de la renta se están beneficiando de un ahorro en la cuota del 11,4%, que escala hasta el 28,2% si superan los 601.000 euros. Si se aplicase con carácter generalizado el 50% que ha propuesto el Mitma, estos porcentajes oscilarían, según los cálculos de Gestha, entre el 9,5% y el 23,5%. En el caso de aquellos que se pudieran beneficiar de una bonificación del 90% tras haber rebajado al menos un 10% el precio de un alquiler en una zona tensionada, la horquilla se movería entre el 14,43% y el 32,3% que sacarían aquellos que más ingresan. Como explican desde Gestha, la propuesta reduciría algo la regresividad en la bonificación general del 50% porque el beneficio fiscal en la base es más pequeño, pero el problema de fondo persiste.
Gestha calcula que una rebaja de 70 euros al mes en el alquiler supone para el propietario un perjuicio fiscal de 156 euros al año
Los técnicos creen que el beneficio de 144 euros con el que el Ministerio justifica su medida se basa en cuentas «inadecuadas»