Murcia y Valencia reclaman al Estado que suspenda las injerencias en el Tajo-Segura
Los consejeros de ambas comunidades, junto con Andalucía, anuncian «medidas judiciales»
Los consejeros de Agricultura de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, Antonio Luengo y Mireia Mollà, anunciaron ayer que, de confirmarse la votación en el Consejo Nacional del Agua y finalmente se apruebe su propuesta para la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, activarán todas las medidas judiciales y legales que estén a su alcance.
La consejera valenciana puntualizó que en el mismo momento en que se formalice en el decreto «se activarán todas las medidas judiciales». Acciones que respalda su homólogo en la Región murciana, quien recordó que son ya 9 los contenciosos interpuestos contra las decisiones del Ejecutivo de la nación.
Así queda reflejado en una carta conjunta remitida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que demandan «que el Consejo Nacional del Agua tenga en cuenta las alegaciones presentadas en relación al cambio del volumen máximo mensual trasvasable en nivel 2».
El propio Luengo recordó que la modificación que se propone es «claramente extemporánea e innecesaria en este momento», dado que es inminente la publicación de un nuevo ciclo de planificación hidrológica de las demarcaciones, entre ellas la del Tajo, donde se deben contener los datos necesarios «para analizar la actualización que proceda de forma rigurosa».
Además, Antonio Luengo celebró el acercamiento de la Comunitat Valenciana «en un momento trascendental como el que nos encontramos, donde el futuro del trasvase está gravemente amenazado y necesitamos la unión de las regiones afectadas para defender con más fuerza los derechos de agricultores y consumidores».
«Estamos en un momento crucial de planificación hidrológica», recordó por su parte la consejera valenciana, quien también incidió que, a su juicio, «no existe ningún argumento técnico que dé certificado de validez» a esa propuesta y considera que cualquier subida de los caudales «será un ataque directo al agua que necesitan los regantes de Murcia, Valencia y Andalucía», explicó Mollà.
«El trasvase ya está muy estudiado, es muy garantista y el elemento político sobra. Hablamos de nuestra economía, de miles de familias que dependen de cada gota que está definida en dicha infraestructura».
Según ambos pusieron de manifiesto, el Tajo-Segura aporta «solidaridad y desarrollo al conjunto del país», generando un impacto en el PIB español de más de 3.000 millones de euros, 110.000 puestos de trabajo directos, y otros 250.000 indirectos.
«Además, beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 55 millones de árboles frutales, contribuyendo a la lucha contra el avance de la desertización y los efectos del cambio climático, ya que permite eliminar al año más de un millón de toneladas de CO2 gracias a los cultivos que riega».
Tanto Luengo como Mollà defendieron la importancia del trasvase en el PIB nacional y el empleo en el sureste español