Caos en la desescalada tras el fin del estado de alarma el 9-M
Malestar entre los jueces con el Gobierno por cargarles con la gestión de la covid
A solo tres días de que finalice el estado de alarma, las comunidades ultiman su plan de desescalada para contener la pandemia. La intención del Gobierno es que el
Tribunal Supremo unifique la doctrina sobre la limitación de derechos fundamentales. Los jueces reprochan que se les cargue con la gestión del virus.
A solo tres días de que finalice el estado de alarma, las comunidades todavía ultiman su plan de desescalada para contener la pandemia de Covid. Pero hay muchas dudas sobre el aval jurídico. Las autonomías trasladaron ayer sus peticiones a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial, pero la ministra les dio carpetazo. «Entendemos que tienen medidas suficientes para poder atajar el virus», contestó.
En este sentido, Darias recordó que las regiones pueden tomar medidas en el ámbito de sus competencias pero que, además, «hay aprobadas distintas declaraciones de actuaciones coordinadas que están aún vigentes y a su disposición si lo requieren». La ministra se refería a cinco documentos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial. La declaración de actuaciones coordinadas del 14 de agosto, que contempla el cierre de los establecimientos de ocio como las discotecas; la del 27 de agosto, un documento con recomendaciones en al ámbito escolar para evitar los brotes en colegios; la del 9 y 30 de septiembre, que limita aforos en restaurantes, instalaciones deportivas, velatorios y otro tipo de reuniones en municipios de más de 100.000 personas, que tengan una incidencia superior a 500; y la del 28 de octubre, el conocido «semáforo de Sanidad», que establece una serie de restricciones en distintos ámbitos en función de una serie de indicadores epidemiológicos como la incidencia, la positividad y la ocupación hospitalaria.
Además, la ministra recordó que el martes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para que los gobiernos regionales no tengan problema con los tribunales a la hora de aprobar restricciones que afecten a los derechos fundamentales, fundamentales, como el de la movilidad. El objetivo es evitar los dislates del pasado verano, cuando los tribunales dieron respuestas dispares ante peticiones similares de los gobiernos autonómicos.
La titular de Sanidad defendió asimismo que ante la sucesiva bajada bajada de la incidencia acumulada –«en diez días ha caído de 235 a 205», incidió– y el buen ritmo de vacunación, ya no es es necesario mantener el estado de alarma.
Sin embargo, en la última reunión entre los representantes de las comunidades y Sanidad previa a la desaparición del estado de alarma se pusieron de manifiesto las diferencias de opinión existentes, y se pudo entrever el caos que se aproxima porque las desigualdades en la situación epidemiológica y en el avance del proceso de vacunación hará que cada una de ellas adopte unas medidas diferentes en un intento por mantener la epidemia bajo control.
Autonomías como Cataluña, Andalucía y Castilla y León han anunciado que no conservarán el toque de queda nocturno, pero otras como Navarra, Castilla-La Mancha o Baleares sí se plantean mantenerlo, así como la Comunidad Valenciana, que lo haría en un horario más reducido. El País Vasco prepara un decreto que podría ser aplicado durante cuatro o cinco semanas, que tendría como objetivo inicial que la incidencia descienda de los 200 casos por 100.000 habitantes, para reducirla más tarde hasta los 50-60 casos.
La Junta de Andalucía ultima una plan de« des escala da progresiva », que contempla la desaparición del toque de queda, la de la actividad comercial en dos fases y el cierre de municipios con alta incidencia bajo autorización judicial. «Ahora mismo la incidencia está bajando, no veo razones para ese toque de queda», señaló el presidente andaluz, Juanma Moreno. Respecto al horario de los negocios, se estudia una «apertura progresiva de la libertad comercial» hasta que se haya inmunizado al 50 o 60 % de la población. Si se produjeran incidencias en municipios superiores a los 5001000 casos, la Junta pedirá autorización para su cierre perimetral.
Otra comunidad que levantará el cierre perimetral es Navarra, aunque sí mantendría el toque de queda de 23:00 a 6:00 horas. Entre las novedades respecto a las medidas actuales serían la limitación de las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos grupos de convivencia, y la ampliación de los horarios de la hostelería hasta las 22:00 horas.
Darias defiende que hay instrumentos suficientes para que los gobiernos regionales no tengan problemas jurídicos
Navarra, Baleares o Castilla-La Mancha podrían conservar el toque de queda, pero no Cataluña, Andalucía o Castilla y León
Otros 14 días más mantendrá cerrado el interior de los establecimientos de hostelería Cantabria, con un máximo de ocupación del 75% en las terrazas y de seis personas por mesa, con horario de apertura hasta las 22:30 horas. Además, estudia la posibilidad de cierres perimetrales de municipios que incluyan el toque de queda según la situación epimiológica.
El Gobierno balear mantendrá el toque de queda de 23:00 a 6:00 horas en principio hasta el próximo 23 de mayo, y continuará realizando controles en los puertos y aeropuertos de las islas a los pasajeros de la Península. Además, continuará la limitación del aforo al 50% en los lugares de culto y de las reuniones sociales y familiares, que se fijarán en un máximo de seis personas tanto en el interior como en el exterior, tanto en espacios públicos como privados. Las reuniones estarán limitadas a dos núcleos de convivencia.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó que no habrá cierre perimetral ni toque de queda en la comunidad, y culpabilizó de la situación a la «negligencia» y el «abandono» del Gobierno central.
La Comunidad de Madrid estudia qué medidas tomar, y aún no ha decido qué va a suceder con el toque de queda, según fuentes de la Consejería de Sanidad.