Los jueces reprochan al Gobierno que les cargue con la gestión de la pandemia
La Fiscalía estudiará caso por caso las medidas autonómicas a la espera del Supremo
La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es que sean las comunidades autónomas las que apliquen a partir de ahora las restricciones y que el Tribunal Supremo unifique la doctrina sobre la limitación de derechos fundamentales una vez extinguido el estado de alarma. Una posibilidad que preocupa a los jueces. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera, por ejemplo, que con el «recurso de casación exprés» ante el Supremo contra las decisiones de los tribunales superiores de justicia, el Gobierno elude sus responsabilidades y descarga en los jueces «la gestión de un problema nacional grave», contribuyendo a judicializar la vida política.
Por su parte, la Fiscalía aspira a que no se llegue a esta situación en que se tenga que pronunciar en diversas ocasiones sobre restricciones iguales en cada región, porque confía en que el Supremo despeje el panorama jurídico mucho antes. Es más, el Ministerio Público espera que el alto tribunal se pronuncie cuanto antes ya que eso facilitará las cosas a todos los actores implicados en la tramitación de los decretos autonómicos.
No obstante, la reforma aprobada por el Gobierno no ha sentado bien en el Supremo. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ha alertado a Efe del «déficit importante» que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas «no es el mejor sistema».
Al margen de la preocupación que ha generado en el Alto Tribunal la decisión del Ejecutivo, la segunda asociación judicial más representativa de la carrera también se ha posicionado en contra del decreto-ley 8/2021 de 4 de mayo que deja en manos del Supremo la validación o no de las posibles restricciones de derechos fundamentales por parte de los gobiernos autonómicos a partir del día 9.
Para esta asociación, este decreto confirma tanto «la dejación de funciones» del poder legislativo como la «omnipotencia» del Gobierno y su «elusión de responsabilidades» a la hora de impulsar «iniciativas legislativas eficaces». «Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional, grave, como es la pandemia –lamenta la agrupación de jueces– judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional».
Por su parte, el Gobierno vasco ha solicitado el plácet del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la normativa autonómica en la que plantea la adopción de confinamientos y el mantenimiento del toque de queda y limitar las reuniones a cuatro personas, al margen de convivientes, cuando la tasa de incidencia acumulada de la covid-19 sea superior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
La Fiscalía del País Vasco ya se ha opuesto a que el Gobierno autonómico pueda mantener, a través de un decreto, medidas hasta ahora amparadas por el estado de alarma como el confinamiento perimetral autonómico o de un determinado municipio, o el toque de queda más allá del domingo. El Ministerio Público insiste en que estas restricciones solo pueden decretarse «en estados excepcionales» y no en aplicación de una ley de sanidad de carácter general, informa Ep.