Los peajes, solo en las autovías y en torno a un céntimo por kilómetro
Transportes aclara que no afectarían a todas las carreteras de la red española
dos de Sucesiones, bonificado al 99% en Madrid, Andalucía y Galicia, y Patrimonio. Esta armonización, que supone subir estos tributos, choca frontalmente con la LOFCA. El contribuyente pagará también más por el impuesto de matriculación, con la supresión de los beneficios fiscales de los vehículos contaminantes, precisamente los de segunda mano, a los que acceden las rentas más bajas. Este tributo está transferido a las comunidades, que gravan con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisición de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.
Fumar, beber o llenar el depósito con diésel también será más caro. Así, los expertos estudiarán subir más los impuestos especiales que gravan el tabaco, el alcohol y las gasolinas, con un alza del diésel, que pretendía para este año el Gobierno y que el PNV impidió a cambio de su apoyo a los Presupuestos del Estado. Sólo con el impuesto de diésel aumentará la recaudación en casi 500 millones. El Gobierno espera ingresar otros 700 millones por el nuevo impuesto indirecto a envases de plástico no reutilizables y que gravará su fabricación, compra e importación. Viajar en avión también se encarecerá al estar gravado con un nuevo impuesto especial sobre el transporte aéreo. Las empresas tampoco se librarán de este alza fiscal, con un aumento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades.
No habrá peajes en aquellas carreteras que no sean de gran capacidad. Aunque en el Plan de Recuperación que el Gobierno ha remitido a Bruselas se da a entender la posibilidad de que el pago por uso se extendiera a todas las carreteras españolas, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que la propuesta sólo afecta a aquellas autovías que ahora son gratuitas.
El Ejecutivo ha comunicado a la Comisión Europea que prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir de 2024. En uno de los párrafos del documento, el Ejecutivo explica que el sistema podría ser «escalable y progresivo», lo que se interpretó como que inicialmente se aplicaría en la red de alta aclarado a LA RAZÓN que si finalmente se apuesta por los peajes, se aplicarán sólo en las autovías estatales y no en otro tipo de carreteras. Cabría la posibilidad, añaden, de que en una segunda fase los gobiernos autonómicos pudieran también aplicar peajes en las autovías que son de su competencia.
Todo, en cualquier caso, se mueve a día de hoy en un terreno más hipotético que real, advierten. A día de hoy, explican, no hay una propuesta cerrada y lo que se haga «se hará con consenso político» porque en el Gobierno no son ajenos al fuerte rechazo que genera una medida de este tipo, algo que ya pudieroncomprobar ayer mismo con críticas de la oposición y otros colectivos. «Ahora mismo no se puede hacer», reconocen estas fuentes. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siguiendo lo que parece una consigna gubernamental para rebajar la tensión, insistió también en que la medida «se está estudiando», de manera que desechó que «se ponga en marcha ahora». Habrá que esperar, dijo, a que la recuperación esté asentada, diagnóstico en el que coincidió con la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Hay un compromiso del Gobierno de buscar al máximo el consenso y que esta medida, que no está definida y no es de aplicación inmediata, no llegue a materializarse hasta no tener asentada la recuperación y la integración de aquellas respuestas adecuadas a los colectivos que necesiten algún tipo de matiz», dijo Ribera en línea con Montero.
Por no estar, no está definida ni la tarifa que se aplicaría, aseguran desde Transportes. Lo único que está claro, explican, es que estaría más cerca del céntimo por kilómetro que de lo que demanda Seopan, la patronal de las concesionarias. Esta organización, en su última estimación, considera que sería necesario aplicar un pago de 9 céntimos por kilómetro para asegurar una cantidad de ingresos suficiente con la que mantener las carreteras. Pero el Gobierno asegura que bastaría con un peaje mucho más bajo.
En la actualidad, los Presupuestos del Estado una partida de unos 1.000 millones de euros para conservación de carreteras. Una partida a todas luces insuficiente pues, según cálculos de la Asociación Española de Carreteras (AEC), la red arrastra un déficit de conservación de 8.000 millones de euros. Una cantidad que presumiblemente irá en aumento puesto que el Ejecutivo no está renovando las concesiones que van caducando.
capacidad (autovías) para extenderlo luego de forma progresiva a otro tipo de carreteras. Sin embargo, fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos han