PARDO BAZÁN: LOS FRANCO QUIEREN DONAR SU BIBLIOTECA A LA RAE
Entregarían la colección de Pardo Bazán a «una institución sin ánimo de lucro» si los académicos rechazan la oferta
La familia Franco ha ofrecido donar la biblioteca de Emilia Pardo Bazán a la Real Academia Española (RAE), una oferta que ya ha sido tomada en cuenta en sesión plenaria el pasado jueves, según fuentes cercanas a los herederos. Los académicos de la Lengua tienen que tomar una decisión, aunque la oferta ha sido acogida con división de opiniones.
En el seno de la institución podría pesar la oposición de la Xunta de Galicia, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés por la colección bibliográfica como «patrimonio de los gallegos».
Los académicos saben que aceptar puede ser «problemático», pese a que la colección no constituya un bien «en litigiosidad», pero tendrán que retratarse ante un ofrecimiento singular que, además, supondría de forma simbólica la entrada de Pardo Bazán en la emblemática sede de las letras españolas.
En caso de que la RAE finalmente no aceptara la donación –que implica gratuidad por definición– la familia Franco optaría por entregar los casi 3.000 libros a «una institución de ámbito estatal sin ánimo de lucro».
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán fue donada directamente a Francisco Franco por la viuda de Jaime Quiroga, el hijo de Emilia Pardo Bazán, después de que éste fuese asesinado junto al nieto de la emblemática escritora gallega en una checa de Madrid en 1936, y así consta en la escritura de 1938. «Entregárselo al mismo gobierno del Frente Popular que fue el que asesinó a estas personas nos plantea un dilema moral», señaló en diciembre Francisco Franco Martínez-Bordiú, el mayor de los nietos varones. «Se la donaremos a quien guarda el espíritu de la donación», dejó claro.
La biblioteca la componen 10.855 volúmenes que se encontraba en Meirás cuando Franco tomó posesión del Pazo. Tras el incendio de la propiedad en 1978, Carmen Polo donó 7.883 ejemplares a la Real Academia Galega (RAG), que los custodia en su sede de la calle Tabernas, en La Coruña. Otros 2.972 permanecieron en el Pazo, y fueron inventariados en 2018, una tarea que aprovechó la RAG para solicitar la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto bibliográfico.
Para ello, el Diario Oficial de Galicia publicó el 25 de noviembre de 2020 el inicio del expediente administrativo de la Consejería de Cultura por el que la biblioteca personal de Emilia Pardo Bazán pasará a ser BIC. El plazo máximo para la declaración definitiva que recoge la legislación gallega de patrimonio cultural es de dos años, aunque el consejero Román Rodríguez señaló que será «muchísimo menos», aunque la publicación del decreto de inicio del expediente supone ya idéntica protección.
La intención del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo es clara, pero la representación legal de los Franco no duda respecto a lo que es propiedad de sus clientes. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña les autorizó a la mudanza de las «cosas, bienes muebles y objetos» de su propiedad que hay en el interior del Pazo de Meirás, «y eso incluye la biblioteca».
La Xunta requirió ayer a la familia Franco que presente documentación adicional para tramitar su solicitud de traslado de las estatuas del Maestro Mateo, dada su consideración como BIC, un «requisito obligatorio» también en el caso de la biblioteca de Pardo Bazán, según recordó la Consejería de Cultura.
Mientras, el juzgado ha suspendido el plazo de un mes concedido a los Franco para retirar bienes del Pazo de Meirás. El órgano ha emitido una resolución en la que deja en suspenso esta decisión, adoptada el pasado 28 de abril.
El tribunal adopta esta decisión a la espera de que se resuelvan los incidentes sobre los bienes y elementos que los familiares podrían sacar del inmueble, además de los recursos de reposición presentados tanto por el Estado, la Xunta, la Diputación provincial y los ayuntamientos de La Coruña y Sada. Contra la resolución cabe, no obstante, interponer recurso.
Este mismo juzgado, informa el TSXG, ha emitido otra resolución en la que se requiere al Estado a depositar, en el plazo máximo de un mes, toda la documentación e información que justifique la necesidad de realizar obras en el pazo, tal y como solicitaba la familia Franco.