El Tribunal de Cuentas rechaza dar más tiempo a los líderes del «procés» para la fianza
Los ex cargos del Govern deben abonar la deuda este miércoles
El Tribunal de Cuentas rechazó ampliar el plazo fijado para este miércoles a los 34 excargos de la Generalitat que deberán abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas «embajadas catalanas» y el Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
A través de una providencia, la delegada instructora Esperanza García Moreno señaló que el plazo concedido, que es «superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general» es «razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado».
Contra la resolución con fecha 15 de julio cabe recurso ante la
Sala de Justicia de este Tribunal a interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación, sin que ello implique la suspensión de las actuaciones. Según fuentes consultadas, este escrito habría sida notificada este mismo lunes, por lo que el vencimiento se produciría este viernes.
La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos -entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueraspara depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.
Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.
En el marco del plazo dictado, la Generalitat aprobó un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF).
La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.
Fuentes del órgano fiscaliza insistieron en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello. Mientras avanzaba el plazo, llegó al órgano fiscalizador el recurso por la defensa de Puigdemont contra la fianza que será resuelta.