Una ley de odio para un nuevo régimen
«España está inmersa en un proceso constituyente larvado» «El apoyo a la identificación de las víctimas no enmascara el odio con la exhumación»
LaLa Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno es la ley del odio y de la revancha. Lejos de buscar la dignificación de las víctimas, de su reconocimiento y reparación –exclusivamente del Frente Popular o radical izquierdista–, profundizará en la división de los españoles que arrastrará a la sociedad a nuevas disputas y confrontaciones civiles. No es una ley para la paz y la concordia, estamos ante una ley para la guerra civil. Todo el contenido de la ley; desde su exposición de motivos a los cinco títulos y disposiciones adicionales, está infectada de palabrería hueca, de un maquillaje en propaganda del discurso de la corrección política, dispuesto a romper la convivencia del sistema democrático, ya de por sí muy debilitado.
Este proyecto de ley va mucho más lejos de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 del presidente Zapatero, y de todos los proyectos anteriores del Partido Socialista. Pero, en suma, todos han buscado y buscan un mismo objetivo: la negación, mutilación y falsificación de la historia.
Las izquierdas en general, y como abanderado el PSOE, siempre han aborrecido la historia y la cultura tradicional, y han tenido la ambición de dominar la discusión histórica para convertirla en un arma política absolutamente sectaria, que les permita controlar los jirones del Estado de Derecho que todavía quedan en pie en España. Es la máxima aplicación del dictum de Orwel: quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro. España está inmersa en un proceso constituyente larvado, y lo que los socialistas y sus apoyos comunistas y separatistas desean es hacer desde el poder una revolución silente para implantar un nuevo Estado, un nuevo régimen. Ese y no otro es el objetivo que subyace en este proyecto.
Si la ley habla de rendir tributo y homenaje a las víctimas que sufrieron violencia y represión, no se refiere en absoluto a las víctimas por la sublevación de Jaca de diciembre de 1930, ni a las del proceso revolucionario golpista de octubre de 1934, ni a las de la primavera violenta de 1936, y ni mucho menos a los más de 55.000 torturados y asesinado por las izquierdas durante la Guerra Civil, sino única y exclusivamente a las víctimas del bando nacional y de los primeros años de la represión franquista, con lo que el anteproyecto de ley engendra en sí mismo violencia por su intrínseco afán de rencor y venganza. Algo muy lejos de lo que estuvo en el propósito de las izquierdas en el inicio de la Transición con su petición y defensa de las dos leyes de amnistía como búsqueda de la concordia y de la paz entre los españoles, para nunca jamás una nueva guerra civil y llevar al debate político las causas y consecuencias de aquella confrontación y del régimen franquista.
El apoyo a la identificación y enterramiento enterramiento de las víctimas de la Guerra Civil no enmascara su precedente de odio con la exhumación y enterramiento de los restos de Franco en octubre de 2019, quizá no por última vez, y la amenaza que se cierne sobre el Valle de los Caídos, que eufemísticamente llama «resignificación», para transformarlo en un espacio civil, expulsando a la Comunidad Benedictina, disolviendo la Fundación del Valle de los Caídos y muy probablemente la demolición de la gran cruz que lo preside. El capítulo de represiones insta a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco bajo el anatema de un «odio» jamás expresado, mientras ensalza a los revolucionarios violentos de 1934-1939, que tantos crímenes, ejecuciones y robos cometieron. La propuesta habla de restitución de bienes, que en modo alguno irá orientada a los que sufrieron el espolio de sus bienes privados embarcados en el yate El Vita para el disfrute de algunos líderes socialistas en el exilio.
El sistema de castigos y multas de hasta 150.000€, contempla el cierre de medios de comunicación durante varios años para quien o quienes violen estas normas y la confiscación de bienes, con la intención de criminalizar las interpretaciones o discusiones históricas disidentes que se atrevan a discrepar de esta línea esencialmente estalinista que quiere implantar el Gobierno de Pedro Sánchez.
El hecho de que la aplicación estricta de estas normativas constituyan flagrantes violaciones de la Constitución –desaparece la libertad de expresión, pensamiento y cátedra–, es irrelevante al gobierno actual, para quien la «memoria histórica» no tiene nada que ver con el constitucionalismo democrático. La creación de una «Fiscalía de Memoria Democrática» (la Comisión de la Verdad en el proyecto anterior) es de etimología soviética y de corte totalitario, por la implantación de una checa de pensamiento único, y ningún parlamento democrático debería sancionar tal aberración. La verdad no puede venir impuesta por ninguna ley que establezca una sola verdad. La aprobación de este anteproyecto de ley por el Parlamento supondría un ataque directo a los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra. Legislar sobre la historia o contra ella es ir contra el Estado de Derecho y la libertad. Historiador*