La UE da un ultimátum a Polonia
La Comisión Europea amenaza al Gobierno polaco con multas millonarias si no acata las sentencias del TJUE
Bruselas está dispuesta a sacar toda la artillería pesada contra Polonia. Ayer, el Ejecutivo comunitario dio un ultimátum a Varsovia de un mes para que conteste por escrito si piensa cumplir los veredictos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En las últimas semanas las tensiones han ido in crescendo después de que el Tribunal Constitucional del país asegurase el pasado 14 de julio que las medidas interinas dictaminadas por la corte europea no eran acordes con la Carta Magna del país. Un primer desacato que podría sentar precedente ya que el primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, ha pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la primacía del derecho europeo sobre el nacional. Poner en cuestión este principio supone atacar uno de los dogmas que han puesto en pie el proyecto de integración europeo y no hay precedentes de que un Estado se declare en rebeldía ante todos los fallos emitidos por la corte radicada en Luxemburgo.
Quizás consciente de que está pisando terreno pantanoso, se esperaba que esta sentencia del Tribunal Constitucional polaco sobre la preeminencia del derecho nacional o el europeo se produjese la semana pasada y ahora se ha retrasado hasta principios de agosto. El pasado 15 de julio el Tribunal de Justicia de la UE falló en contra del régimen disciplinario impuesto en el país a los jueces y ahora la Comisión Europea quiere tener garantías antes del 16 de agosto de que Varsovia cumplirá la sentencia. Si esto no sucede, el Ejecutivo comunitario pedirá al alto tribunal europeo que imponga sanciones multimillonarias contra el país. Bruselas prefiere no hablar de cantidades pero estas multas podrían ascender a tres millones de euros.
«Déjenme repetir lo que he dicho varias veces: el derecho europeo tienen prevalencia sobre el nacional y todas las disposiciones del Tribunal de Justicia de la UE, incluidas las medidas interinas, son vinculantes para todos los Estados miembros de la UE y sus tribunales, recordó ayer la vicepresidenta de Valores Vera Jourova. La Comisión Europea no oculta su preocupación pero espera que las aguas vuelven a su cauce en el último momento ya que todo indica que Polonia tiene mucho que perder si sigue tensando la cuerda.
En los últimos años, la batalla entre Bruselas y Polonia por la deriva autoritaria del país ha conllevado que el Ejecutivo comunitario haya solicitado hasta en tres ocasiones medidas cautelares a la corte europea para frenar leyes que suponían el menoscabo de independencia judicial según el criterio de la Comisión Europea. En todas las ocasiones Luxemburgo ha dado la razón a Bruselas. Hasta ahora, éste ha sido el sistema más eficaz ya que el artí
culo 7 –considerado hasta hace poco en los pasillos comunitarios como el «botón nuclear»– no ha dado resultados tangibles. Este procedimiento puede derivar en última instancia en la pérdida de derecho de voto en el Consejo, pero su puesta en marcha se encuentra en punto muerto ya que para llegar a esta fase se necesita la unanimidad de las capitales y Polonia cuenta con el apoyo sin fisuras de Hungría, el otro país que también está sujeto a este expediente disciplinario.
Aunque el artículo 7 se ha convertido en una laberinto sin salida, Bruselas también estudia la congelación de los fondos europeos para aquellos países que incumplen el Estado de Derecho, lo que incluye tanto partidas para agricultura y las regiones como también el dinero del fondo de reconstrucción europeo para hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus, Next Generation EU. Precisamente la legalidad de este mecanismo ha sido recurrida por Polonia y Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En los últimos días, la relación entre Bruselas y Varsovia también ha vivido un nuevo pulso después de que la Comisión Europea abriera la semana pasada un nuevo expediente ante lo que la Comisión Europea considera leyes homófobas promulgadas en el país. Desde el año 2019, algunos municipios y regiones se proclamaron «zonas libre de ideología LGTBI». Aunque el Ejecutivo comunitario ha pedido información a las autoridades nacionales sobre el significado de esta declaración y sus implicaciones para este colectivo, Bruselas está molesta por la pasividad de Varsovia ante este requerimiento.
La semana pasada, Bruselas también abrió otro expediente a Hungría por su ley que prohíbe hablar de homosexualidad e identidad de género en las escuelas y que incluye este veto al material audiovisual dirigido a menores. El Gobierno húngaro indicó ayer que las críticas de la Comisión Europea a la situación del Estado de derecho y la independencia de la Justicia en Hungría son sólo un «chantaje» al país por «defender a sus menores» con la reciente ley que vincula la sexualidad con la pederastia. «Últimamente, la Comisión chantajea a Hungría por la defensa de los menores», afirmó la ministra de Justicia, Judit Varga, sobre la evaluación del Estado de Derecho en los 27 socios comunitarios.