Irlanda del Norte rechaza la amnistía
Boris Johnson reabre las heridas con una polémica ley de inmunidad
Cuando el Gobierno británico anunció la semana pasada un plan para detener la investigación de todos los delitos de sangre acontecidos en Irlanda del Norte antes de 1998, probablemente no esperaba un rechazo tan unánime desde la provincia británica. Para Boris Johnson y los suyos, la ley pretende «ayudar a Irlanda del Norte a avanzar en el camino de la reconciliación». Un objetivo que, a simple vista, puede parecer bienintencionado, pero que parece no tener en cuenta que las heridas aún no han cicatrizado lo suficiente en la sociedad norirlandesa. Aunque en 1998 se puso fin a tres décadas de conflicto con el Acuerdo de Viernes Santo, todavía quedarían alrededor de mil investigaciones abiertas sobre crímenes acontecidos durante este periodo, denominado comúnmente como los «Troubles» (disturbios).
Es por eso que ni las asociaciones de víctimas ni las formaciones políticas de Irlanda del Norte parecen dispuestas a aceptar el plan del Gobierno británico.
Tal es el rechazo, que ayer la Asamblea norirlandesa adelantó su vuelta de las vacaciones y convocó una sesión de emergencia para discutir una respuesta ante esta nueva ley que, en caso de seguir adelante, estaría lista para finales de año. Para el líder de los nacionalistas del SDLP, Colum Eastwood, «existe un fuerte consenso entre los líderes de los partidos norirlandeses acerca de que la amnistía a aquellos involucrados en crímenes relacionados con el conflicto no puede salir adelante». Incluso los unionistas del DUP, histórico aliado del Partido Conservador, también se ha posicionado en contra de la propuesta. «He podido hablar con algunos de los grupos que representan a víctimas inocentes de todo Irlanda del Norte. Están muy preocupados por el plan del Gobierno ya que creen que se trata de un tipo de amnistía», aseguraba Jeffrey Donaldson, líder del DUP.
Dentro del millar de investigaciones que aún estarían abiertas, la mitad pertenecerían a casos relacionados con el IRA, la organización terrorista republicana. Sin embargo, gran parte de las críticas hacia el Partido Conservador apuntan a que la razón fundamental de este plan podría estar relacionada con otros dos centenares de crímenes, perpetrados, en este caso, por el Ejército británico.
Las presiones desde el ala más conservadora del partido hacia Johnson para que se cierre la investigación sobre miembros de las Fuerzas Armadas, podrían haberle animado a proponer esta nueva legislación. Sin embargo, los familiares de las víctimas de estos crímenes no parecen dispuestos a permitir que la justicia deje de investigar estos casos.
Julie Hambleton, cuya hermana mayor falleció en un atentado del IRA en 1974, aseguraba en una carta dirigida a Johnson: «Si uno de tus seres queridos solo pudiera ser reconocido por sus huellas dactilares, porque pocos de sus restos han quedado intactos, ¿aceptarías tan rápidamente que esta legislación tan obscena saliera adelante?». Recordemos que más de 3.500 personas –la mayoría civiles- perdieron la vida durante los «Troubles». Parece, de momento, complicado que el plan de Johnson encuentre consenso, aunque las presiones en su partido hacen presagiar que esto no ha hecho más que comenzar.