La UE propone una autoridad contra el blanqueo de capitales
Apuesta por limitar los pagos en efectivo a 10.000 euros
Bruselas está dispuesta a poner coto al blanqueo de dinero en la Unión Europea (UE). Por eso, ayer la Comisión Europea propuso la creación de un nuevo organismo que se encargará coordinar el trabajo de las autoridades nacionales, lo que incluirá también a los respectivos servicios de inteligencia. Además, esta nueva unidad también supervisará de manera directa a las entidades consideradas más peligrosas, aunque la lista todavía no se ha establecido, y podrá establecer sanciones multimillonarias para los infractores.
Este paquete legislativo para luchar contra el dinero negro también incluye una nueva regulación más estricta sobre las criptomonedas y la prohibición de que las transacciones con efectivo sobrepasen los 10.000 euros, un tope que algunos países europeos ya reflejan en sus regulaciones nacionales. De hecho, dos tercios de los países europeos han impuesto límites más severos y pueden seguir manteniendo esta normativa. En Grecia, están prohibidas las adquisiciones en metálico más de 500 euros.
Con esta propuesta, Bruselas intenta responder a los escándalos que sacudieron a varios bancos europeos en el año 2019 y que incluyeron al alemán Deutsche Bank, el holandés ING o el danés Danske Bank. Europol calcula que el 1% del PIB europeo está relacionado con actividades sospechosas que incluyen también el terrorismo. «Aunque la escala del blanqueo de dinero es difícil de calibrar, estamos hablando de miles de millones de euros en dinero negro que es altamente móvil y a menudo invisible», aseguró el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis.
Actualmente, la normativa europea contempla medidas contra el blanqueo de dinero, pero cada estado debe adaptarlas a su ordenamiento jurídico. Esta propuesta quiere imponer un marco común que evite agujeros legales y también facilite la coordinación entre las autoridades nacionales y los servicios de inteligencia. Una de las grandes preguntas es si su creación será suficiente para vencer las reticencias a la hora de compartir información entre los Estados miembros.
Esta nueva autoridad europea contará con una plantilla de 250 personas y se espera que comience a funcionar de manera plena en el año 2026, aunque ahora esta nueva legislación debe ser negociada con las capitales europeas –algunas reticentes a ceder competencias en un terreno tan delicado– y el Parlamento Europeo.