Los interinos que llevan diez años no tendrán que opositar
El Gobierno exhibe su debilidad en el Congreso y salva por un solo voto el «icetazo»
Salvado por un voto. El «icetazo» a los interinos salió ayer adelante con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) durante la votación de su convalidación en el Congreso de los Diputados. El decreto para reducir la temporalidad en el sector público, popularmente conocido como «icetazo» porque lo promovió el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se salvó por 171 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones, gracias al cambio de opinión de ERC. Las negociaciones viraron a favor del PSOE en las horas previas a la decisión al acordar oposiciones no eliminatorias y eximir de ellas a los interinos que lleven más de 10 años ocupando una plaza nunca convocada y que se podrán adjudicar por una valoración de méritos.
Vox fue el partido más crítico con la reforma de Iceta y anunció que la llevará ante el Tribunal Constitucional
Salvado por un voto. El «icetazo» a los interinos salió ayer adelante con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) durante la votación de su convalidación en el Congreso de los Diputados. El decreto para reducir la temporalidad en el sector público, popularmente conocido como «icetazo» porque lo promovió el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se salvó por 171 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones, gracias al cambio de opinión ERC. Las negociaciones viraron a favor del PSOE en las horas previas a la decisión al acordar oposiciones no eliminatorias y eximir de ellas a los interinos que lleven más de 10 años ocupando una plaza nunca convocada y que se podrán adjudicar por una valoración de méritos.
Este decreto, que fue defendido por la ministra de Hacienda y
Función Pública, María Jesús Montero, plantea reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública (que en algunas supera el 30%), hasta un 8% general. Para lograrlo, la reforma propone prohibir la temporalidad por más de tres años y penalizar a las administraciones públicas «que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley».
Los afectados, unos 800.000 trabajadores interinos y temporales, tendrán que someterse a unas oposiciones especiales para «ganarse» la plaza. El propósito es que antes de 2025 se estabilicen 310.000 plazas ocupadas actualmente por interinos en toda España. «Se trata de la mayor oferta de empleo público de la historia reciente», defendió María Jesús Montero. Los 500.000 restantes que no logren un puesto serán compensados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.
La norma se completó con el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que recoge el carácter no eliminatorio de las oposiciones y la exención de opositar para los interinos que lleven 10 años ocupando una plaza. Para ello se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos. También se elimina el plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, llevándolo a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley que tramitará el Congreso. La aprobación definitiva de esta ley está prevista para mediados de octubre.
Este controvertido real decreto se convirtió en proyecto de ley entre los reproches de todos los partidos, incluso de aquellos que aprobaron la norma, y la ausencia de su autor, Miquel Iceta. Finalmente, el PSOE contó con el respaldo de Unidas Podemos, de ERC, de Compromís y de Teruel Existe, mientras que EH Bildu, JxCAT, PDeCAT y BNG se sumaron a los votos contrarios del PP, Ciudadanos, Vox, UPN, Foro Asturias y CC, al tiempo que el PNV y Más País se abstuvieron.
El descontento marcó una votación muy ajustada, hasta tal punto que la diputada de Unidas Podemos por Valencia Rosa María Medel provocó la repetición como protesta en apoyo a sus compañeros médicos que están en esta situación. Sin embargo, cuando en la primera votación se produjo un empate a 170 votos, y consciente de que su posicionamiento podría tumbar el decreto si se producía en una segunda votación, Medel decidió no votar.
Pese a su apoyo de última hora, la diputada de ERC Pilar Vallugera afeó al Gobierno que esta cuestión «ni tenía que tramitarse por la vía de urgencia ni sin los apoyos garantizados» y criticó, entre otras cuestiones, que la indemnización por despido establecida es «cicatera y mezquina y tiene que ver con una reforma laboral que ya no sabemos cómo pedir que se derogue».
Entre los partidos en contra de este decreto, Vox criticó que esta reforma es un «ERE encubierto». «Este real decreto ley hace reposar la solución sobre los hombros de los damnificados. Ustedes pretenden que se ganen ahora una oposición. Señora ministra, ¿qué hace una persona de 55 años con tres hijos con una indemnización del salario de un año? Absolutamente nada. Están mandando a su casa en la más absoluta ruina a estas personas», denunció José María Figaredo Álvarez Sala en representación de Vox antes de la votación. El partido de Santiago Abascal fue el más crítico con la medida y anunció que la llevará ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, CSIF, unos de los sindicatos firmantes del acuerdo del que emanó el decreto (junto con CC OO y UGT), valoró la convalidación, pero pidió a los grupos parlamentarios que garanticen la seguridad jurídica de la ley para que los procesos de estabilización «no sean tumbados por los tribunales». El rechazo y las manifestaciones de miles de interinos afectados han servido de poco ante un vuelco de los apoyos de última hora.
800.000 trabajadores interinos y temporales se verán afectados, de los cuales solo 310.000 conseguirán plaza