Ribera se escuda en Europa ante el fracaso de la rebaja de la luz
Pide a la UE la «intervención» del mercado y Podemos vuelve con la eléctrica pública
Entre la estrategia del avestruz y la del ventilador, el Gobierno ha optado por la segunda en plena ola de calor. Si el pasado martes, cuando se avanzaba la nueva plusmarca del megavatio hora establecida en los 106,57 euros, los socios del Gobierno, desde Compromís a ERC, con una mención aparte para la CUP, cargaron contra las eléctricas acusándolas poco menos que de amañar el mercado –lo que implicaría un megacártel capaz de alterar a voluntad el coste de las materias primas, los fletes y hasta los impuestos–, ayer fue el «ala morada» del Gobierno la encargada de seguir con el fuego a quienes generan, mantienen y suministran la electricidad y amenazar con la creación de una empresa pública de energía. Por su parte, en la estrategia de desviar la atención y lavarse las manos, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se escudó en que el Gobierno tiene las manos atadas para afrontar los estratosféricos precios de la luz, que hoy volverán a estar por encima de los 100 euros MWh por tercera vez consecutiva en lo que va de mes.
Y es que, pese a la caída de casi el 5% en el precio de la energía respecto al récord absoluto registrado ayer, la negociación marca para hoy un precio medio de 101,52 euros MWh, el tercero más alto del mes, tras los 106, 57 euros MWh de ayer y los 101,82 euros del martes, cuando se superó por primera vez este año la cota de los 100 euros. Pese a la leve caída, los consumidores afrontan hoy picos de 106 euros MWh.
Todo apunta a que a lo largo de la semana se mantengan los precios elevados por la ola de calor, y el fuerte alza del gas natural, dejando un mes de julio que va a pulverizar los registros de junio y que marcará una factura eléctrica de vértigo para algo más de 10 millones de clientes.
Ante esta perspectiva y la única bala de retirar el impuesto eléctrico, que grava con un 5,1% el consumo de la energía –al margen del IVA, que afecta a la totalidad de la factura–, el Gobierno ha decidido disparar a discreción contra todo lo que se mueve con tal de no reconocer su equivocación a la hora de poner en marcha el nuevo sistema de facturación por tramos, en el que se acumulan la totalidad de los costes ajenos al estricto consumo de energía (peajes y cargos) en los tramos punta, los más caros, disparando el precio a niveles prohibitivos para los hogares.
Ribera avanzó que ha remitido una carta al vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans
Timmermans, en la que le advierte de que, si se quiere asegurar el éxito de la transición energética, hay que cambiar los mercados de energía. Un proceso que, en cualquier caso, lleva años y afecta a toda la política energética, a las cuentas de resultados de todas las compañías eléctricas europeas y a las posibles inversiones.
El sistema español y el de casi toda Europa y economías más desarrolladas del mundo es marginalista. La oferta y la demanda se casan por el precio último «marginal» en ofertarse, generalmente el más caro por ser el de respaldo. A los que han ofertado barato se les paga más de lo que han pedido. ¿Se están llenando los bolsillos por la cara? No es cierto, por mucho que algunos partidos de ultraizquierda simplifiquen la ecuación hasta hacerla una suma de parvulario. En este sistema hay varios operadores que ofertan a coste casi cero: la nuclear, la eólica o la solar fotovoltaica porque todos sus costes son fijos (amortización de la inversión y el mantenimiento), no variables. Por contra, las centrales de ciclo combinado tienen unos costes muy variables (el combustible, gas natural, y el precio de las emisiones de CO2). La oferta de estas centrales será siempre superior a sus costes variables.
En consecuencia, las tecnologías como los ciclos nunca ofertan su energía por debajo de sus costes porque perderían más que estando paradas. Y son las que marcan el precio de casación, ya que no se puede pagar más a unas tecnologías que a otras.
Ante esto, Ribera señala en la misiva, con fecha de 29 de junio, que se debe poco menos que «intervenir» los mercados para asegurar «una justa y equitativa distribución de los beneficios asociados a la transformación del ‘mix’ de generación».