El recorte del Tajo- Segura traducido a cifras de parados
► Un estudio coordinado por el Instituto Euromediterráneo del Agua afirma que por cada metro cúbico que suba el caudal ecológico se pierden 9.800 empleos
PonerPoner cifras a los efectos del nuevo plan del Tajo y sus consecuencias en el trasvase a la cuenca del Segura. Esto es lo que ha conseguido el estudio presentado ayer en el Palacio de San Esteban. El conflicto, que muchos consideran meramente político, tendrá importantes efectos en la economía de las comunidades receptoras de este agua: la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, tal y como queda reflejado en el documento coordinado por el Instituto Euromediterráneo del Agua.
Por cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez para poder trasvasar agua al Segura, se perderían casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por el recorte del trasvase: Alicante, Murcia y Almería, según recoge EFE.
El estudio forma parte de la documentación que se ha incluido en el recurso que el Gobierno de la Región de Murcia ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el decreto 35/2023, que modifica una docena de planes hidrológicos, entre ellos, el del Tajo, fijando un caudal ecológico con el consiguiente recorte para el trasvase.
El catedrático de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA) Joaquín Melgarejo dio ayer los principales datos de ese estudio, en el que han participado expertos de la citada universidad y las de Alcalá de Henares y Miguel Hernández (UMH) de Elche, y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto TajoSegura (SCRATS).
Melgarejo subrayó que los cálculos que se han realizado parten de las previsiones recogidas en el plan hidrológico del Segura, que cifra en una caída de 105 hectómetros cúbicos anuales el agua que se trasvasará desde el Tajo cuando se complete el aumento de los caudales ecológicos que se prevé en su plan de cuenca.
En concreto, para poder trasvasar agua, el Tajo debe ahora tener un mínimo de caudal de 6 metros cúbicos por segundo, que pasará a 7 metros cúbicos por segundo este 2023, a 8 en 2026 y a 8,65 metros por segundo en 2027.
En esas condiciones, el regadío recibiría anualmente unos 119 hectómetros cúbicos del Tajo cada año, frente a la media de 200 que ha venido recibiendo durante los 44 años de historia del trasvase, lo que, según Melgarejo, tendrá repercusiones inmediatas. Se producirá una pérdida de un 15,6 por ciento de la superficie de regadío (unas 27.314 hectáreas) y de 5,692 millones de euros anuales en valor patrimonial.
Agua desalada
El incremento de los caudales ecológicos tendrá también un impacto directo en el abastecimiento, que dejará de recibir 27 hectómetros cúbicos del trasvase anualmente, lo que obligará a una subida de las tarifas por la mayor dependencia del agua desalada.
Según este informe, la subida será de 0,42 euros por metro cúbico, pasando de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros, un 61 por ciento más.
El estudio recoge que cada hectómetro cúbico de agua que se deja de trasvasar tiene una potencial repercusión económica de 10,5 millones de euros anuales y una pérdida de 207 empleos en el la cuenca del Segura.
Tras conocer estos datos, el presidente murciano, Fernando López Miras, subrayó que justifican la presentación del recurso ante el Supremo y también la petición de medidas cautelares para impedir que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo hasta que no haya una sentencia al respecto, evitando así «que se cause un perjuicio irreparable» a la Región de Murcia, Alicante y Almería.
Defendió que «el aumento del caudal del Tajo en Aranjuez no supone beneficio alguno para nadie, tampoco para el Tajo», pero sí dejaría «millones de perjudicados en el Levante». Justificó así la solicitud de suspensión cautelar solicitada para evitar los «graves perjuicios».
Miras insistió en que el recurso de la Región de Murcia se basa en un exhaustivo análisis del decreto, que adolece de «innumerables defectos técnicos» que tienen un único objetivo: acabar con el trasvase. Por ello, confía en que la Justicia recoja los argumentos presentados en el recurso que contiene una decena de anexos de diferentes expertos.