El Gobierno condena el «inadmisible» acoso violento a López Miras
► El PP exige la dimisión de la delegada Mariola Guevara por dejación de funciones en la protesta agraria frente a la Asamblea
LaLa crispación y la tensión se ha adueñado en las últimas jornadas del ambiente de protestas en la Región de Murcia. Uno de los actos más sonados fue el vivido en la tarde del miércoles cuando un grupo de agricultores que se concentraban a las puertas de la Asamblea Regional cortaron el tráfico con tractores, bloquearon las salidas del parlamento e, incluso, rodearon, zarandearon e intentaron abrir el coche en el que viajaba el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Un acto «violento, inaceptable, inadmisible y sin precedentes que atenta contra los principios del Estado de derecho». Así lo condenó ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, quien exigió «responsabilidades» a la Delegación del Gobierno a la que acusó de «dejación de funciones» por permitir dicho acoso y no disolver la concentración.
«No había ningún dispositivo policial para restablecer la normalidad, ni ningún plan por parte de la Delegación que, por cierto, estaba al corriente de las protestas desde la misma mañana del miércoles. ¿Qué instrucciones se dio a los policías nacionales que estaban en la puerta de la Asamblea?», se preguntó Ortuño.
Es más, tal y como afirmó él mismo y ratificó posteriormente el presidente autonómico en una entrevista para Al Rojo Vivo, se recibió un mensaje por parte de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, en la que pedía que el propio presidente recibiera y se reuniera con los portavoces de los manifestantes para «rebajar la tensión y salvaguardar la integridad física de todos los que estaban en la Asamblea Regional».
«La única solución que dieron desde la Delegación del Gobierno, vía WhatsApp, es que, o recibía a aquellos que estaban cercando el parlamento autonómico, o teníamos que dormir allí», dijo López Miras, para quien la delegada del Gobierno «debería dar explicaciones» por esta falta de previsión.
Y desde el Gobierno regional insisten en que el Ejecutivo murciano «no negocia con nadie que tenga actitudes violentas y agresivas. Los únicos interlocutores válidos y legitimados para negociar y para alcanzar cualquier tipo de acuerdo son las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA».
Mientras tanto, Ortuño detalló que se ha programado un encuentro con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, para escucharles también. «Pero, insisto, nuestros interlocutores válidos y legitimados son, única y exclusivamente, las organizaciones agrarias».
El PP exige una dimisión
Paralelamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, exigió la dimisión de la delegada de Gobierno por su «nefasta gestión». El popular denunció públicamente la gravedad de lo ocurrido y la «irresponsabilidad» de la autoridad de la Delegación del Gobierno.
«Varias docenas de vehículos, tanto tractores como camiones y remolques, paralizaron el Paseo Alfonso XIII de Cartagena y ocuparon zonas peatonales, impidiendo la entrada y salida a la Asamblea Regional, así como la circulación de los vehículos», recordó Segado, quien señaló que esta situación contrasta con el «enorme dispositivo» que había a 50 kilómetros de la Asamblea Regional, «para proteger al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una visita a la desaladora de Torrevieja».
«Podemos entender que haya grupos de agricultores y ganaderos que quieran manifestarse y mostrar su malestar ante la situación que están viviendo y entendemos y compartimos esa posición, pero las formas deben ser las que nuestra ley y nuestro marco legal marcan y nuestra Constitución bendice», zanjó.
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno se negó «categóricamente» que la única respuesta que ofreció al Gobierno regional durante el bloqueo por parte de agricultores de las salidas de vehículos fue que, «o el presidente recibía a aquellos que estaban cercando el parlamento autonómico, o tenían que dormir allí».
Así, mostró su «estupefacción por tales afirmaciones» y en la que, por otra parte, «defiende la actuación de la Policía Nacional con un dispositivo que, en los momentos de mayor tensión, estaba formado por más de 50 agentes».
La delegada del Gobierno comparecerá hoy ante los medios para ampliar información antes de su reunión con las asociaciones de agricultores para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a las manifestaciones convocadas para el próximo 21 de febrero.
Miras: «La solución era o recibir a los manifestantes, o quedarnos a dormir en la Asamblea»