La Región eleva al TS el plan del Tajo por ser un «hachazo» al trasvase
► Una quincena de informes alertan del impacto ambiental del plan hidrológico y critican que sea una decisión «arbitraria»
ElGobiernoElGobierno de la Región de Murcia ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra la nueva regulación de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura aprobada por el Gobierno de España hace un año. La demanda está motivada por «la arbitrariedad con la que la Administración demandada ha fijado el régimen y valores de caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, sin presupuesto justificativo de interés general y sin aval científico que sostenga los cálculos realizados».
Así lo dijo ayer el consejero de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior, Marcos Ortuño, quien informó sobre la formalización de este recurso, con el que se pretende obtener la anulación de las disposiciones del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba el régimen de caudales ecológicos del río Tajo. «Hemos presentado esta demanda para frenar el hachazo que se ha dado al recortar el trasvase, que supone la reducción de hasta 100 hectómetros cúbicos al año».
Una medida que supondrá un impacto económico de 300 millones de euros y la destrucción de 6.000 puestos de trabajo, según Ortuño, «además de los impactos medioambientales negativos para la diversidad».
La Comunidad advierte que esta norma contraviene la Constitución y las leyes, y que, fruto de su falta de coordinación, está llamada a producir efectos gravemente perjudiciales fuera de su ámbito territorial y a sectores estratégicos como la agricultura de regadío y la producción de alimentos.
«Esta actuación arbitraria –recoge la demanda presentada- se ha traducido en la aprobación de unos planes hidrológicos contradictorios, basados en valores irreales y contrarios a las reglas de aprovechamiento conjunto del Trasvase Tajo-Segura».
El Gobierno autonómico ha presentado la demanda acompañada de 15 informes técnicos que revalidan la incompatibilidad del plan del Tajo con la supervivencia del trasvase, ya que «deja claro que el Ministerio actuó con arbitrariedad, porque no existen informes técnicos que justifiquen su decisión y, por lo tanto, actuaron únicamente en base a criterios ideológicos y partidistas».
Insistió Ortuño en que «no se tuvo en cuenta el interés general, que se actuó sin aval científico, saltándose las leyes y sin valorar las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y ecológicas». «Para Teresa Ribera, el trasvase Tajo-Segura no existe en la planificación hidrológica, y lo que hacemos es decirle que sí existe y, por supuesto, explicarle el daño económico, social y ecológico que supone su recorte», enfatizó el portavoz, quien abogó por que el Supremo se muestre «sensible» y «frene lo que consideramos todo un atropello».