Puertos del Estado obvió el aval bancario en el contrato que dio a la trama
► Un documento indica que, según «lo ordenado por el ministro», se pidió la oferta a Soluciones de Gestión SL
La empresa pública Puertos del Estado, que fue la llave para que la sociedad del «caso Koldo» se presentase como suministrador ante diferentes administraciones públicas, flexibilizó uno de los requisitos fundamentales que debía cumplir Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL para ser el proveedor de los ocho millones de mascarillas que adquirió. Y es que no fue necesario que aportara un aval bancario, un requisito que se exigía a pesar de ser una contratación de emergencia. Este tipo de contrataciones son más flexibles: no es necesario –aunque sí recomendable– solicitar varias ofertas y la adjudicación se realiza sin publicidad. A ello se suma el hecho de que Soluciones de Gestión no tenía una actividad relacionada con el material sanitario y que nunca había sido proveedor de empresas públicas. Esa flexibilidad también se extendió a la aportación del aval bancario.
Tal como consta en el sumario de la Audiencia Nacional (AN) que investiga la trama para el cobro de comisiones ilegales en los nueve contratos adjudicados por más de 52 millones de euros, el origen del caso se sitúa en el Ministerio de Transportes, en la época en que José Luis Ábalos estaba al frente. Y allí, todo empezó en Puertos del Estado. La situación de alarma, la incertidumbre reinante y la mortalidad que causó la pandemia configuró un escenario idóneo para que se saltaran numerosos controles y se abriera una entrada a Soluciones de Gestión a las contrataciones públicas.
En febrero de 2020, un mes antes de esta primera contratación, Ábalos nombró a un hombre de confianza al frente de Puertos del Estado: Francisco Toledo. El 21 de marzo, Toledo consigna en un documento interno que el reconocimiento legal dado al entonces ministro de Transportes como «Autoridad Competente a los efectos del estado de alarma» dio vía libre para que el ministerio dictase el día anterior, 20 de marzo, una «orden expresa a Puertos del Estado» para la «contratación del suministro aludido». Es decir, Ábalos fue quien designó a Puertos del Estado como órgano de contratación, apoyándose en la normativa del estado de alarma. Esta decisión se basó «en atención a la agilidad del régimen flexible de fiscalización y control, así como a la disponibilidad financiera de dicho organismo público». Otra de las ventajas es que, al ser una adjudicación de emergencia, «no existe obligación de tramitar expediente de contratación».
En este documento no menciona a Soluciones de Gestión. Sin embargo, un día antes, el 20 de marzo, la sociedad de la «trama Koldo» ya había emitido una factura proforma de material con las características solicitadas y descritas por Toledo al día siguiente. Fue él quien firmó esta factura el mismo 21 de marzo. Es decir, ya tenía conocimiento previo de que la empresa tenía intención de proveer el pedido de ocho millones de mascarillas de Puertos del Estado.
Todo fluyó para que Soluciones de Gestión se hiciera con el contrato por 24 millones de euros, IVA incluido. Y todo se adaptó para ello. El 27 de marzo, se aprobó la modificación de la oferta de esa empresa con la firma de los responsables de Asesoría Jurídica y de Contratación de Puertos. Allí se da cuenta de los cambios, aludiendo a una orden dada por Ábalos.
«Dando cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Ministro, Puertos del Estado solicita oferta a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (en adelante “Soluciones”) que oferta, con esa misma fecha, 20 de marzo, la realización del suministro», dice el documento, que implica directamente a Ábalos en la contratación. Y añade que se preveía el «pago por anticipado del 50% del valor de la oferta, contra emisión de aval bancario» y que «se considerará realizado el pedido cuando se haya realizado el pago anticipado y constituido el aval correspondiente al mismo». El aval bancario «resultaba esencial», indica. Sin embargo, dada la «enorme dificultad fáctica» para obtenerlo por parte de una entidad bancaria, el viernes 20 de marzo, con el fin de «solventar esta situación» y garantizar «el pago anticipado que Puertos del Estado debía efectuar para realizar el pedido de forma inmediata», se buscó una solución alternativa: la firma de una «orden irrevocable de bloqueo de la cuenta destinataria de los fondos en concepto de pago anticipado»con «fuerza vinculante» para el banco y que, por tanto, debía revisar su asesoría jurídica. Este extremo también fue confirmado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La autorización solo se obtuvo el martes 24 de marzo, «fecha en la que se ordenó la transferencia» a Soluciones. Sin embargo, este retraso «motivó la pérdida de la mercancía y el avión pre-reservados por Soluciones», por lo que nuevamente se flexibilizaron las condiciones iniciales: en vez de proveer las mascarillas en el plazo de 48 horas, se entregaron en siete en total, según la Guardia Civil.
A pesar de todos estos cambios, el 13 de agosto de 2020 Álvaro Sánchez, ahora exsecretario de Puertos del Estado, expidió un certificado en el que afirmaba que el contrato se ejecutó «con arreglo a las condiciones establecidas». Sánchez fue cesado el miércoles por pérdida de confianza.