El contrato de Interior genera dudas entre los agentes de la UCO
► Hay un baile de fechas en la adjudicación y en los pagos y falta claridad sobre cómo contactaron con la sociedad
En el Ministerio del Interior se fraguó el primer contrato del «caso Koldo» fuera de la órbita de la cartera de Transportes cuando estaba liderada por José Luis Ábalos. Tras firmar dos adjudicaciones con Puertos del Estado y con Adif, la supuesta trama integrada por Koldo García y los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto se hizo con una tercera adjudicación. Se trata de la de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial de Interior, por casi 3,5 millones de euros, para ofrecer material sanitario al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según consta en el sumario de la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional (AN), un informe da cuenta del lío de fechas de los contratos, de los pagos y de las órdenes administrativas en torno a la licitación que se adjudicó de emergencia a la empresa. «No se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión», señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que indica que tampoco han dado con documentos que acrediten las comunicaciones con Transportes o cualquier otra reunión en la que se decidiera contratar con la proveedora de la trama. La sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL firmó el contrato con la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio del Interior, liderada por Daniel Belmar. Después, llegaron los contratos con el Ministerio de Sanidad, con el Servicio de Salud Balear y con el Servicio de Salud de Canarias. En total, nueve contratos por casi 53 millones de euros.
Los investigadores hablaron en mayo de 2022 con el subdirector general de Gestión Económica, José Manuel Fraile, que señaló al departamento de Belmar como el organismo que les indicó «sin margen de maniobra» la empresa con la que debían contratar. En la documentación aportada no hay datos sobre «los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato». Lo que sí se confirma es que el 31 de marzo de 2020, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, dictó una resolución para contratar suministros para la pandemia por cuatro millones de euros y señaló que se debían entregar en el plazo de un mes. Ese mismo día, Belmar emite un documento idéntico, que solo se diferencia porque desglosa el precio de las mascarillas, guantes, buzos, test, etc. El subdirector general de Planificación informó a los agentes que los contratos surgieron de una «reunión interministerial» con Transportes, que puso sobre la mesa «un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario», dados los problemas para encontrar suministradores. Por ello, «decidieron acudir a los proveedores seleccionados por el Ministerio de Fomento y Transportes», sostiene el informe de la UCO.
El contrato aportado por Belmar, datado el 24 de abril y firmado digitalmente el 27 de abril de 2020 por el subsecretario Rafael Pérez, estipula el suministro de 1.065.000 mascarillas FFP2 a 3,27 euros la unidad, por un total de 3.479.355 euros. También incluye una cláusula sobre el envío del material en un periodo máximo de seis meses, contradiciendo el plazo inicial de un mes indicado por el propio Pérez, que señaló entonces que, si se excedía de un mes en la entrega de las mascarillas, el contrato se debía tramitar un procedimiento ordinario. Pero esto no ocurrió. Los agentes no pudieron aclarar si de la reunión interministerial surgió algún acuerdo o mandato para la contratación o para ampliar la entrega de los suministros a seis meses.
El lío de fechas es evidente: el contrato dice que los seis meses empiezan a contar desde el 1 de abril de 2020, aunque la fecha oficial de la adjudicación es del 20 de abril, tal como figura en la plataforma online de contratación pública. Sin embargo, el contrato data del 24 de abril y fue firmado digitalmente el 27 de abril.
El volumen de mascarillas también genera dudas: en las actas de 12 y 27 de mayo se entregan 1.288.650 mascarillas, mucho más que las 1.065.000 contratadas. Las dos páginas las firma manualmente Belmar, aunque los agentes detectaron que los documentos fueron modificados digitalmente el 28 de mayo. Además, el certificado de recepción, con firma digital del 2 de junio de 2020, aparece como redactado el 6 de mayo. «No quedan claros los hitos de tiempo en los que se produce la entrega de mascarillas» ni tampoco el motivo por el que «la fecha que aparece en el documento de certificación es anterior a la recepción de las mascarillas pero la firma digital
del documento es posterior», concluyen. Y añaden: «Deberían ser las personas implicadas las que clarifiquen de algún modo el desarrollo de los acontecimientos».
También hay sombras en los pagos a la adjudicataria. Solo hay una factura del 28 de abril de 2020 en la que se indica un precio unitario de 2,70 euros, frente a los 3,27 euros del contrato. Además, cuando Interior envía una conformidad sobre el saldo de la cuenta con Soluciones de Gestión a 31 de diciembre de 2020 para su auditoría interna, consta como fecha de abono de los 3,5 millones de euros el 5 de junio de 2020. Sin embargo, hay varios movimientos asociados a distintas facturas que no están documentadas. Y llama la atención que el 1 de junio figura un saldo a pagar a Soluciones de Gestión por casi 10,5 millones de euros. Con todo, en el saldo final aparece el importe correcto. La Guardia Civil insiste en que no se sabe por qué Interior contrató con la sociedad del «caso Koldo».