Zaplana intenta que se le juzgue en la Audiencia Nacional
► Las defensas de los no conformados tratan de anular el registro en el que apareció la «hoja de ruta de las mordidas»
El tribunal de la Audiencia de Valencia que ayer comenzó el juicio de la denominada causa Erial en la que están investigados los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, además de otros trece imputados, rechazó el traslado de la causa a la Audiencia Nacional aduciendo que el delito principal de cohecho se cometió en Valencia, independientemente de dónde se envió posteriormente el dinero. Así, rechazó la petición en cuestión previa de la defensa de Zaplana a la que se han adherido buena parte de las defensas.
El abogado de Eduardo Zaplana, ya repuesto del problema cardíaco que hizo retrasar la celebración del juicio, defendió que la competencia para la instrucción y el enjuiciamiento de los hechos la tiene la Audiencia Nacional porque se cometieron, en su mayoría, en el extranjero.
El abogado citó otras causas en las que por el mismo motivo fueron juzgados en la Audiencia Nacional. También hizo referencia al monto de lo presuntamente defraudado y dijo que cuando «afecta a la economía nacional» debe ser también enjuiciado por la Audiencia Nacional. También adujo que los presuntos delitos de cohecho se consuman en Luxemburgo «y esto lo dice le Ministerio Fiscal apoyado en múltiples atestados de la Guardia Civil». Así mismo, dijo que todo el blanqueo se realizó fuera de España y «en cualquier caso, fuera de Valencia, como mucho en Villajoiosa y Altea».
Dijo no tener ninguna razón para «salir huyendo a un tribunal que es más duro, no tenemos ninguna ventaja».
Las defensas de Pedro Romero, de Mitsouko Henríquez, de Elvira Suanzes, Francisco Grau, Francisco Pérez, José Luis Olivas, Roberto Bataouche, Ángel Salas, Carlos Gutiérrezy Saturnino Su anz es-que se representa a sí mismo- se adhirieron a la petición de la de Eduardo Zaplana.
Por contra, el Ministerio Fiscal dijo que el Supremo entiende que la competencia de la Audiencia Nacional hay que entenderla de forma restrictiva y no «como un juzgado de guardia». Entiende el fiscal que el delito de cohecho se paga porque se ha predeterminado una serie de contratos públicos y se paga aquí en Valencia con independencia de dónde se haya enviado el dinero. El pacto para el pago de ese dinero se realiza en la ciudad de Valencia «aquí se conciertan para la adjudicación predeterminada de esos contratos públicos». Admitió que se articula en una serie de sociedades pero «aquí en Valencia» y el dinero se marcha fuera. Además, dijo que parte del dinero retorna a España y que las ramificaciones de Alicante pertenecen al delito principal y han de ser enjuiciados en una única causa donde se ha cometido el delito de mayor pena que es el de cohecho.
El Tribunal rechazó la petición de las defensas asumiendo la teoría del fiscal de que el delito principal de cohecho se comete en Valencia y el resto son delitos menores que han de unirse a la causa principal.
Los procesados que han pactado con el fiscal no plantearon cuestión alguna
La hoja de ruta
La defensa de Zaplana también pidió que quede sin efecto la denominada «de forma pomposa y ridícula, hoja de ruta» hallada en la entrada y registro en el despacho del abogado del denominado «yonki del dinero», Marcos Benavent, algo que calificó de «aberrante» por haber intervenido la Guardia Civil documentación de la defensa. Y recordó que «un juez de la Audiencia Nacional fue condenado por interferir en las conversaciones de los acusados con sus defensores», en alusión a Baltasar Garzón.
Dijo que la Guardia Civil no hizo lo que marca la jurisprudencia cuando, durante el registro encomendado en la investigación de un delito, se halla indicios de otro. Consideró que hicieron una investigación prospectiva «que duró 163 días», sin pedir la ampliación del objeto del registro o sin tener pe ti habitualmente ción de la Fiscalía al respecto. También dijo que los documentos citados y conocidos como los «papeles del sirio» fueron realizados años después de que Eduardo Zaplana vendiera la casa donde supuestamente fueron hallados.
Mitsouko Henríquez, Saturnino Suanzes, Elvira Suanzes, Francisco Grau, José Luis Olivas, Francisco Pérez, Roberto Bataouche, Ángel Salas y Carlos Gutiérrez se adhirieron a la petición de la defensa de Zaplana.
El silencio de los conformados
No se manifestaron al respecto ni en esta cuestión previa ni en la anterior las defensas de los procesados que supuestamente han llegado a un pacto con la Fiscalía y que, al parecer, son Vicente y José Cotino, Joaquín Barceló y Juan Francisco García.
El Ministerio Fiscal dijo que este asunto ya se resolvió en un recurso presentado durante la Instrucción a la Audiencia. Y recordó que el titular del despacho, el abogado, no ha manifestado que le hayan sustraído documentos que afecten a la defensa de su cliente. También recordó que el propio Marcos Benavent tampoco ha denunciado esta entrada y registro.
El tribunal rechazó también esta petición porque «ya ha dictado al respecto un auto la Audiencia de Valencia que avala el registro en el despacho del letrado, si bien la fundamentación se expresará en la sentencia».